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Mundo Misionero Migrante

Tras las rejas en el desierto

27 de enero de 2020

Denuncian abusos y muertes en centros de detención de inmigrantes indocumentados en EE.UU. BBC Mundo investiga.

Manejando en medio del desierto de Arizona aparece de repente Florence, un pueblo donde la mayoría de sus 17.000 habitantes está entre rejas. Es difícil imaginar que este lugar es uno de los principales frentes en la lucha contra la inmigración ilegal en Estados Unidos.

Un 10% de los 300.000 inmigrantes indocumentados detenidos en 2007 acabó en uno de los cuatro centros de detención del pueblo dedicados a ellos, una población de 32.000 personas diarias en todo el país.

Activistas de derechos humanos denuncian abusos en los centros, incluyendo palizas, uso de celdas de aislamiento y decenas de muertes por falta de atención médica, que según un reciente informe de Amnistía Internacional son 74 fallecimientos en los últimos cinco años. Pero las autoridades lo niegan rotundamente.

Tras meses de gestiones, BBC Mundo logró acceso exclusivo a uno de estos centros, el Centro de Procesamiento de Florence. Antiguo campo de prisioneros nazis durante la Segunda Guerra Mundial, Florence SPC fue uno de los lugares donde estuvieron internados cientos de refugiados cubanos llegados a las costas de EE.UU. en los años ’80.

En la boca del lobo

Es un complejo de edificios bajos de ladrillos rodeado por dos inmensas vallas con alambres de púas. En el momento hay cerca de 400 detenidos de 80 naciones distintas, sobre todo mexicanos y centroamericanos.

Al igual que los demás reclusos en el país, están presos durante un promedio de 37 días. Pero si son solicitantes de asilo, su estadía se alarga a 10 meses en promedio.

“Sea cual sea su caso, nos aseguramos que los detenidos disfruten por lo menos de una hora al aire libre al día”, afirmó a BBC Mundo el director del centro, John Crowther mientras señalaba a un grupo de presos con uniformes rojos desfilando.

Crowther insistió que los detenidos con antecedentes criminales nunca se mezclan con quienes sólo están acusados de cruzar la frontera ilegalmente, de acuerdo con los estándares del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Nuestros estándares permiten visitas, acceso a textos legales, teléfono gratuito a la oficina del inspector general para denunciar cualquier abuso y acceso a consulados. Mantenemos siempre una vibrante interacción con los detenidos”, añadió Crowther.

Sin embargo, ex reclusos consultados por BBC Mundo denunciaron malos tratos en éste y otros centros del país.

“Una vez volviendo de recreo en (Florence) SPC, los guardias me tiraron al suelo y uno de ellos me puso la rodilla sobre el cuello, me quejé pero nunca pasó nada”, dijo joven asilado centroamericano, quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.

“Otra vez me pusieron dos meses en aislamiento por intentar evitar que algunos reclusos le pegaran a otro detenido”, añadió.

Meses después fue trasladado a otro centro en Florence gestionado por el sheriff local y donde estuvo tres años. “En el nuevo sitio nunca veías el sol, si cuestionabas cualquier cosa te encerraban en tu celda, era un infierno”, afirmó.

Hace poco fue liberado tras pagar una fianza de US$1.500 gracias a la intervención de un abogado voluntario. Su caso continúa abierto.

“Apenas salíamos de recreo, decían que no tenían suficiente personal, los guardias no paraban de gritarnos, parecía una prisión”, afirmó a BBC Mundo María Islas, ciudadana estadounidense de 37 años de edad.

“Sufro asma y cuando estaba presa pedía ayuda, llegaba a vomitar, pero me decían que tenía que pagar por las pastillas, ¿con qué dinero?”, añadió Islas, quien pasó cinco meses recluida en una de las prisiones de Florence gestionada por una empresa privada tras ser presuntamente confundida por otra persona con su mismo nombre.

Muertes en detención

Otros detenidos corrieron peor suerte. Abdoulai Sall, mecánico guineano de 50 años, murió en diciembre de 2006 en un centro de Virginia por una insuficiencia renal tras semanas de agonía.

Su caso fue investigado por las autoridades de inmigración que determinaron que la atención médica en el lugar era insuficiente, conclusiones que sólo salieron a la luz hace poco.

El verano pasado un ingeniero chino, Hiu Lui Ng, murió en un centro de Rhode Island. Sufría cáncer y una fractura de una vértebra, pero los guardas le ignoraron a pesar de rogarles que le ayudaran. La investigación posterior concluyó que hubo negligencia por parte del centro.

Katrina Kate, directora de ICE para Arizona, admitió a BBC Mundo que el sistema de detención no era perfecto. Dijo que las apelaciones suelen tomar meses y que mantener a los reclusos cerca de sus familias no es un factor que se tome en cuenta.

Pero negó rotundamente que haya abusos. “Cumplimos con todos los estándares, eso es lo único que importa, el gobierno establece los objetivos, no nosotros”, afirmó.

Para ello, insistió que los centros están bajo continua supervisión, aunque agregó que las inspecciones las llevan a cabo agencias gubernamentales o empresas contratadas por ellos.

Jorge Bustamante, Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Migrantes, sin embargo acusó a ICE de incumplir sus propios estándares. “Lo negativo es la regla, no la excepción. Lo peor son los malos tratos verbales, la mala comida, los abusos físicos y la separación de las familias”, afirmó Bustamante a BBC Mundo.

Los problemas se deberían sobre todo, según él, a la fuerte expansión del sistema, más del triple desde inicios de la década. Y a que ICE subcontrata a empresas privadas y sheriffs locales la gestión de la mayoría de los más de 300 centros del país (no en el caso de Florence SPC, el centro visitado).

Ello ha generado un negocio pujante de unos US$1.700 millones, pero haría muy difícil -sino imposible- su supervisión.

Sea cual sea el verdadero alcance de los presuntos abusos cometidos en los centros de detención de indocumentados en EE.UU., continúan sucediéndose los llamados para que hayan cambios. Mucho dependerá de la nueva Secretaria de Seguridad Nacional y ex gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, bajo cuya autoridad figura ICE.

Pero activistas de derechos humanos dudan que se produzca un giro radical. “Napolitano ha consultado con su personal sobre si están usando apropiadamente alternativas a la detención”, afirmó Judy Greene, una de las principales abogadas de inmigración.

“Seguro que será más sensible a la presión pública sobre las condiciones de detención, pero la gente sigue temiendo una invasión de inmigrantes ilegales y eso es lo que importa al final del día”.

Fuente/Autor: Alfonso Daniels

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