Prevé gobierno estadounidense acudir a la Corte a fin de tener acceso a terrenos privados y levantar una cerca fronteriza entre México y Estados Unidos.
Washington
Miércoles 09 de enero de 2008
El gobierno se está preparando para acudir a la Corte con el fin de obligar a decenas de terratenientes en tres estados del suroeste a que permitan el acceso a sus terrenos para levantar una cerca fronteriza entre México y Estados Unidos.
Están en preparación 102 denuncias con el fin de tener acceso a tierras privadas ubicadas junto a la frontera, o pertenecientes a gobiernos locales o de otro tipo de propiedad. Un plazo para que muchos de los propietarios permitan la entrada venció el lunes o deberá expirar en cuestión de días.
Del total de casos, 71 son contra terratenientes de Texas, 20 contra habitantes de California y 11 contra propietarios de Arizona. No se prevé que se presente ninguno en Nuevo México.
El Departamento de Seguridad Interior desea construir 595 kilómetros (370 millas) de cercas y 482 kilómetros (300 millas) de barreras para vehículos para fin de año. Dice que podría no ser necesario entrar a algunas de las propiedades, pero necesita evaluar cuáles podría necesitar adquirir o expropiar para la cerca u otras barreras.
En una conferencia de prensa el 7 de diciembre, Michael Chertoff, secretario de Seguridad Interior, especificó claramente que su paciencia tiene un límite.
“La puerta aún está abierta para conversar si la gente quiere entrar en contacto con nosotros, si tienen algunas ideas alternativas. Pero no está abierta para un diálogo interminable. Necesitamos movilizarnos en torno a esta propuesta“, dijo a periodistas.
Una de las que se niegan a firmar es Eloísa García Tamez, de 72 años, propietaria de 1.2 hectáreas (tres acres) en El Calaboz, Texas, una comunidad ubicada a unos 12 kilómetros (12 millas) al oeste de Brownsville, una ciudad en el extremo sur de Texas. Tamez dijo que su propiedad formaba parte de una cesión española de tierras y que su abuelo fue un apache lipan, una tribu no reconocida oficialmente por el gobierno federal, pero que se sabe existió en el sur de Texas y en México.
“Estoy esperando lo que vayan a mandar y no voy a firmar. No voy a firmar“, dijo Tamez, directora de la maestría de ciencia y del programa de enfermería en la Universidad de Texas en Brownsville y en la Texas Southmost College.
Tamez forma parte de un grupo de otros opositores de la cerca fronteriza que dicen que el Departamento de Seguridad Interior está violando los derechos de propietarios indígenas, descendientes de estadounidenses nativos y otras personas que dicen tener derechos ancestrales sobre la propiedad o cuyas familias recibieron la propiedad a través de cesiones españolas de tierras.
Peter Schey, director ejecutivo del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos y Derecho Constitucional, le advirtió a Chertoff en una misiva el lunes que Tamez tomará acciones legales bajo las leyes internas e internacionales con el fin de proteger sus derechos sobre la tierra.
Las autoridades están analizando la posibilidad de construir la cerca al norte de un dique que atraviesa la propiedad, y ella teme que eso impediría el acceso a gran parte de sus terrenos. Se le dijo que podría tener acceso a sus tierras al sur de la cerca por medio de una verja que estaría vigilada y ubicada a 4,8 kilómetros (tres millas) de su propiedad.
“Aquí estamos, ciudadanos estadounidenses, y tenemos que pasar por un retén para poder entrar a nuestra propiedad“, dijo Tamez. “Si vienen y hacen todo lo que van a hacer, me dejarán sin nada. Aunque (la propiedad) sea pequeña, yo podría perder más“.
Fuente/Autor: AP-El UNiversal