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NOTA DE PRENSA

27 de enero de 2020

DÉCIMA QUINTA SESION DEL COMITE DE TRABAJADORES MIGRATORIOS
12 DE SEPTIEMBRE PALAIS WILSON
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

En la inauguración de la 15ª sesión, en la que el Comité se reunió con representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil se ha hecho una breve presentación de la problemática migratoria de los países que serán evaluados a lo largo de la sesión, como Guatemala, Chile y Argentina.

El Comité de Trabajadores Migratorios ha externado su preocupación por el incremento de la movilidad humana en el mundo en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, provocada por factores económicos, sociales, políticos y ambientales que contrastan con un manejo restrictivo de las migraciones por parte de los Estados de destino, tránsito y origen. A su vez, ha urgido el fortalecimiento de los Estados en materia de protección a los Derechos Humanos.

Un aspecto que preocupa especialmente al Comité de Trabajadores migratorios es la participación de NNA en el proceso migratorio, y la creciente condición de alta vulnerabilidad y desprotección por parte de los Estados que han ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de todos los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familiares (en adelante Convención de 1990).

Otro aspecto que preocupa al Comité de Trabajadores Migratorios es la constatación de que existe un incremento de trabajadores migratorios irregulares y que los Estados parte de la Convención no están haciendo los esfuerzos suficientes para adecuar las legislaciones y políticas con la Convención de 1990.

Las detenciones aplicadas por los Estados no ayuda a disuadir los flujos migratorios, planteando que no se puede justificar la persecución abierta contra los trabajadores migratorios instaurada en el ámbito internacional, por las crisis económicas y financieras que afectan a nivel global. También se manifestó la preocupación porque los programas de trabajadores migrantes temporales se están convirtiendo en un problema político en donde hace falta clarificar las funciones de las instancias de trabajo del Estado, lo que provoca que muchos trabajadores temporales, se encuentren en desprotección y explotación.

En lo que respecta a la situación migratoria, específica de Guatemala, la delegación de organizaciones de sociedad civil, planteó la necesidad de:
Reconocer que las migraciones son un reflejo de la pobreza, falta de oportunidades laborales y bajos salarios que prevalecen ante la ausencia de respuesta a los derechos económicos y sociales en Guatemala.

La urgente necesidad de armonizar la legislación migratoria guatemalteca con la Convención de 1990 con la cual se estarían determinando
• Aplicación del debido proceso en los mecanismos de deportación,
• Autorización de trabajo no calificado,
• garantías para el ejercicio del derecho a la defensa gratuita para los migrantes sin recursos sometidos a un procedimiento administrativo de expulsión,
• la desvinculación de la PNC y ejercito en inspecciones migratorias,
• las condiciones en el albergue,
• el uso del término ilegal y la vinculación de la migración irregular con la seguridad,
• Enfoque de derechos humanos
• peticiones de refugio y regularización
• la discrecionalidad en el manejo migratorio.

La necesidad de un Estado fuerte para que realmente pueda intervenir en cuestiones inherentes a la realidad propia del país. A la vez que formule e implemente una política pública migratoria de Estado, para reducir los altos índices de migración y para atender las necesidades y demandas de las poblaciones migrantes en, desde y por Guatemala.

Se recalcó que la política debe contener al menos 5 ejes transversales:
1) que atiendan las causas estructurales que originan la migración forzada,
2) que sea un apolítica de Estado que garantice la continuidad de procesos,
3) que contenga un enfoque transnacional y regional,
4) que se constituya en un verdadero ejercicio democrático ciudadano en donde quepan las diversas opiniones y propuestas de los sectores involucrados y
5) que contenga un enfoque de derechos humanos.

Durante la sesión también se abordó la compleja situación que afecta los derechos humanos de los migrantes privados de libertad, la constante y sistemática incursión de las autoridades en contra de las poblaciones migrantes, violando varios de los preceptos contenidos en los derechos humanos que asisten a los migrantes, las amenazas en contra de los operadores de derechos humanos y la militarización y securitización de las fronteras, y la reciente incursión del crimen organizado y narcotráfico para cooptar mediante la manipulación de las necesidades de la población migrante irregular e interna.

Finalmente se instó al Comité de Trabajadores Migratorios para que las recomendaciones al Estado de Guatemala sean vinculantes y se constituyan en un horizonte de cambio ante las situaciones señaladas, que serán consideras por parte de Sociedad Civil para la vigilancia y exigibilidad del cumplimiento de las mismas.

Mauro Verzeletti y Álvaro Caballeros

Ginebra, 13 de septiembre 2011

Fuente/Autor: Nota de Prensa

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