ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICA

El 30 de julio de 2021, el Senado confirmó a Ur Jaddou para dirigir los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Ur Jaddou es la primera mujer y primera persona de ascendencia árabe y mexicana en dirigir la agencia. Jaddou fue el Asesor Jurídico Principal de USCIS durante la administración de Obama y dirigió el equipo de revisión de la transición del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Biden-Harris.

El 28 de julio de 2021, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió la Orden Ejecutiva GA-37 que ordena al Departamento de Seguridad Pública de Texas que detenga cualquier vehículo, excepto los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ante una sospecha razonable de que esté transportando a migrantes que cruzaron la frontera ilegalmente. Abbott afirmó que esto era necesario para detener la propagación del COVID-19 en las comunidades de Texas. El 29 de julio de 2021, el fiscal general Merrick Garland envió una carta a Abbott instándolo a rescindir la orden porque viola la ley federal. El 30 de julio de 2021, el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra Abbott en un esfuerzo por bloquear la orden. La demanda afirma que la orden es inconstitucional y obstaculiza la capacidad del gobierno federal para administrar la ley de inmigración. Bajo la cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, un estado no puede interferir con los funcionarios federales en el desempeño de sus funciones. Los estados tampoco pueden regular las operaciones de las partes privadas que realizan tareas en nombre de los Estados Unidos. Las empresas privadas, el personal federal y las organizaciones sin fines de lucro a menudo trabajan con los Estados Unidos para transportar a los migrantes a la custodia federal u otros destinos. Varios empleados y contratistas federales que trabajan en Texas pueden no ser considerados “funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” que están exentos de la orden, lo que podría interferir con sus deberes.

El 27 de julio de 2021, la administración de Biden publicó su Plan para un sistema de inmigración justo, ordenado y humano. El plan describe los siguientes pasos que las agencias federales tomarán para implementar la visión del presidente Biden para el sistema de inmigración de los Estados Unidos:

• Redirigir los recursos designados para un muro fronterizo entre los Estados Unidos y México del presupuesto de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos a medidas de seguridad fronteriza más inteligentes, incluida la tecnología fronteriza y la modernización de los puertos de entrada terrestres.
• Mejorar el proceso de expulsión acelerada para quienes llegan a la frontera para determinar de manera eficiente qué personas tienen solicitudes legítimas de asilo y otras formas de protección.
• Facilitar una gestión fronteriza segura proporcionando capacitación y asistencia técnica, mejorando la infraestructura y tecnología fronterizas y promoviendo enfoques de colaboración.
• Fortalecer las operaciones contra el tráfico ilícito y la trata de personas trabajando con los gobiernos regionales para investigar y enjuiciar estos delitos.
• Difundir mensajes públicos para desalentar la migración irregular y promover una migración segura, legal y ordenada.
• Establecer un expediente específico para las solicitudes de asilo para considerar las solicitudes de protección de ciertos recién llegados de manera rápida y justa.
• Autorizar a los oficiales de asilo a adjudicar las solicitudes de asilo de los migrantes que llegan a la frontera y establecer estándares claros de elegibilidad para el asilo.
• Trabajar con proveedores de servicios legales gratuitos para maximizar los programas de representación legal. El presupuesto del año fiscal 2022 solicitó $ 15 millones para brindar representación a los migrantes y $ 23 millones para apoyar los programas de orientación legal del Departamento de Justicia.
• Reducir los retrasos en las cortes de inmigración y contratar más jueces de inmigración. El presupuesto del año fiscal 2022 solicitó 100 jueces de inmigración adicionales y más personal judicial. La administración también tiene como objetivo reducir la acumulación de visas para los solicitantes de visas de los países del Triángulo Norte.
• Brindar apoyo humanitario y abordar las causas fundamentales de la migración, incluida la inseguridad alimentaria, la violencia, la falta de oportunidades económicas, la corrupción y el cambio climático. Estados Unidos trabajará con las Naciones Unidas para brindar apoyo internacional para el deterioro de la situación en el Triángulo Norte y proporcionar $ 255 millones en asistencia humanitaria para las personas en El Salvador, Guatemala y Honduras.
• Abordar las causas fundamentales de la migración, para la cual el presupuesto del año fiscal 2022 solicitó $ 861 millones. Esto incluirá inversiones en programas que fomenten el crecimiento económico en Centroamérica. Estados Unidos también trabajará con los gobiernos locales para combatir la corrupción, fortalecer la gobernabilidad democrática, promover los derechos humanos y prevenir la violencia y otros delitos.
• Ampliar el acceso a la protección internacional mejorando los sistemas de asilo, mejorando los esfuerzos de reasentamiento de refugiados y ampliando los esfuerzos de protección para los grupos en riesgo.
• Establecer Centros de Recursos para la Migración en los países del Triángulo Norte con el apoyo de organizaciones internacionales y gobiernos locales para brindar servicios a las personas que buscan vías legales para la migración y la protección.
• Expandir el programa de Menores Centroamericanos (CAM) para brindarles a los niños la oportunidad de recibir protección y reunirse con sus familias en los Estados Unidos.
• Ampliar el acceso a visas de trabajo temporal para centroamericanos, incluidas visas H-2B para trabajadores temporales no agrícolas y visas H-2A para trabajadores agrícolas temporales.