La llegada masiva de inmigrantes al Viejo Continente ha provocado malestar en los 27 países de la Unión Europea, cuyos líderes ahora no están dispuestos a acoger a miles de refugiados
MADRID. El conflicto que viven algunos países del norte de África y la llegada masiva de inmigrantes al viejo continente han provocado un profundo malestar entre los 27 países que conforman la Unión Europea.
Durante décadas, a la mayoría de sus gobernantes no sólo no les pre ocupó la existencia de férreas dictaduras árabes, sino que incluso hicieron negocios con algunos de los dictadores recientemente derrocados, como el tunecino Zine al-Abidine Ben Alí o el egipcio Hosni Mubarak, y con algunos de los que se niegan a abandonar el poder bombardeando a sus pueblos, como el libio Muammar Gaddafi, el sirio Bachar el-Asad o el yemení Alí Abdulá Saleh.
Sin embargo, los líderes europeos ahora no están dispuestos a acoger a los cientos de ciudadanos africanos que cada día huyen de los enfrentamientos en busca de una vida mejor, y buscan cómo cerrar sus fronteras para impedirles el paso.
La pequeña isla italiana de Lampedusa, ubicada en el Mar Mediterráneo a escasos 113 kilómetros de Túnez, se ha convertido en la Puerta de Europa y en uno de los principales refugios de las más de un millón de personas que desde principios de año han huido de los combates en Libia, según la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Sólo desde enero la isla ha recibido a 20 mil refugiados tunecinos procedentes de Libia y el centro de acogida, con capacidad para 850 personas, está desbordado, como los otros 31 centros de acogida que hay en el sur del país.
Cada día siguen llegando barcazas con cientos de personas, que tras pagar a las mafias hasta 2 mil dólares, han alcanzado la isla. El gobierno del primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, se ha visto obligado a fletar aviones para trasladarlos a otras ciudades del país y evitar así el colapso. Hace unos días logró firmar con Túnez un acuerdo para repatriar diariamente a unos 60 emigrantes llegados a sus costas, a partir del pasado 4 de abril.
Además, en la cumbre celebrada hace unos días en Luxemburgo, el premier propuso a la UE repartir entre los 27 países miembros a los más de 20 mil inmigrantes indocumentados llegados a sus costas.
Pero la UE rechazó la propuesta al argumentar que no se había llegado a un flujo desbocado de inmigrantes como ocurrió en la guerra de Kosovo y consideró que la mayoría son inmigrantes ilegales, y no demandantes de asilo, que deberían ser repatriados.
El ministro del Interior italiano, Roberto Maroni, acusó a la UE de insolidaria. Dijo que Italia había sido abandonada y se preguntó qué sentido tenía seguir formando parte de la UE.
El gobierno italiano, viendo que el éxodo aumentaba y alegando razones humanitarias, decidió conceder 4 mil permisos de residencia de seis meses (11 mil están en trámite) a los inmigrantes llegados a sus costas. Se trata de permisos que les permiten la estancia en Italia y la salida hacia otros lugares de la Unión Europea, ya que según el Acuerdo de Schengen (firmado en 1985 por la mayoría de los países de la UE), quien llegue a un país territorio Schengen pueden circular libremente dentro del territorio de la Unión.
La noticia fue recibida con duras críticas por Alemania, Austria, Reino Unido, Polonia y Eslovaquia quienes acusaron a Italia de trasladar el problema a otros estados de la UE. Algunos, como Bélgica y Holanda, aumentaron sus controles policiales en aeropuertos y otros puntos de entrada.
Francia, consciente de que muchos de estos inmigrantes seguirían camino hacia su territorio al hablar francés y tener familia allí, aceptó la decisión con la condición de que los inmigrantes dispusieran de recursos financieros suficientes para pagar su estancia en el país que visitan (casi 100 dólares al día o la mitad si tienen un lugar donde hospedarse) ; de lo contrario, deben regresar a su país.
Pese a este acuerdo, hace unos días el gobierno de Nicolas Sarkozy decidió cerrar temporalmente la entrada de trenes cargados con inmigrantes, en su mayoría tunecinos procedentes de Lampedusa (Italia), alegando motivos de seguridad y de orden público. La decisión enfureció a Italia; la Comisión Europea apoyó a París horas después el país galo reabrió el tráfico ferroviario, aunque antes denunció que el Tratado de Schengen falla.
En su opinión, cada país vigila su frontera exterior, pero una vez que los inmigrantes logran entrar en un país Schengen, pueden pasar sin ningún control a cualquier otro. Por ello, el país galo quiere buscar un mecanismo que permita intervenir cuando se produzca una deficiencia del sistema en una frontera exterior de la Unión Europea mediante una suspensión provisional durante el tiempo que esa deficiencia tarda en subsanarse.
La suspensión provisional sólo es posible en dos situaciones: siempre y cuando ocurran eventos previsibles y durante un periodo de 30 días (como ocurrió en el 2006 durante el Mundial de futbol en Alemania y en 2004 durante los días anteriores y posteriores a la boda del príncipe Felipe con Letizia Ortiz). Y por un procedimiento de urgencia que sólo se puede aplicar cuando exista una amenaza a la seguridad pública, como en 2004, tras los atentados terroristas a manos de Al-Qaeda en España.
Pero a Francia estas dos situaciones no le bastan y tiene previsto presentar en la reunión de ministros de Interior que celebrará la Comisión Europea una serie de medidas que ayuden a controlar las fronteras y que impidan llegar a sus costas a los miles de inmigrantes que desde hace semanas huyen de la guerra en sus países en el norte de África, sólo para encontrarse con el rechazo de los europeos.
ARRIBO. Un barco con inmigrantes llegaba a la isla italiana de Lampedusa el 6 de abril pasado (Foto: ARCHIVO EFE )
Fuente/Autor: El Universal