Editorial

Los otros migrantes

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Nada hay de objetable en el hecho de que la política exterior del Presidente Calderón se enfoque en el tema de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos. Por su número y por el evidente trato discriminatorio que sufren, deben ser protegidos por el gobierno mexicano. Hay sin embargo otros migrantes que también deberían ser objeto de preocupación por parte de las autoridades mexicanas. Me refiero a los migrantes de otros países que se internan en territorio mexicano, particularmente los que entran por la frontera sur del país.

La CNDH acaba de emitir su recomendación general 13/2006, referida a la práctica de verificaciones migratorias ilegales. Por el tema y por su contenido es un documento que debería prender todas las alarmas. El primer dato llamativo lo constituye la cantidad de personas que son detenidas anualmente por haber entrado ilegalmente en el país: en 2005 el Instituto Nacional de Migración reportó que había detenido a 240,269 personas (en 1980 esa cifra apenas rebasaba las 10,000 personas).

Pero lo peligroso de tales detenciones es que, en su mayor parte, se producen de forma ilegal, es decir, por autoridades que no tienen competencia para hacerlo. Los migrantes centro y sudamericanos son detenidos y en muchos casos extorsionados por las policías municipales y estatales, a pesar de que la Constitución señala que la competencia en materia de migración es de carácter federal. No deja de ser chocante que mientras los cuerpos policíacos locales no dan una en contra de la ola de violencia que nos azota a lo largo y ancho de todo el país, sean tan eficientes para llevar a cabo una tarea que nos les corresponde y que, al realizarla, violen de esa manera la Constitución.

¿Cómo se explica tal eficiencia de la policía? La CNDH documenta en su recomendación que el alto número de detenciones por parte de las policías locales obedece a la absoluta indefensión en que se encuentran los migrantes. La policía sostiene generalmente que se les detuvo porque se encontraban en “actitud sospechosa” o porque reflejaban “marcado nerviosismo”. Al detenerlos los agentes se dan cuenta, de manera casual, que se trata de migrantes indocumentados y entonces proceden a enviarlos a las autoridades migratorias (previo robo de sus pertenencias y luego de varios intentos de extorsión). Los migrantes no saben ante quién quejarse ni se atreven a levantar la voz, pues están conscientes de que llevan todas las de perder. Y a nadie parece preocuparle.

¿Qué hará el gobierno de Calderón para parar esos abusos? ¿significan algo para nuestras autoridades los cientos de miles de personas que cada año transitan por México, unos para quedarse y otros en ruta hacia Estados Unidos? Defender a los migrantes propios mientras se violan los derechos humanos de los migrantes de otros países parecería, al menos, una actitud cínica, propia de quienes tienen una doble moral. Pero además, como lo ha demostrado la CNDH, es una práctica violatoria de nuestra Constitución y de tratados internacionales de derechos humanos.

Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

Fuente/Autor: Miguel Carbonell