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Hay “guerra civil no declarada” en parte del país, asegura sacerdote

27 de enero de 2020

Cualquiera puede ser víctima de asalto, secuestro y muerte, deplora Padre Flor María Rigon de los Misooneros de San Carlos-Scalabrinianoasi


Ante el titular del INM, señala que también es violencia tirar a la pobreza a millones de personas

En algunas zonas de México “estamos en una guerra civil no declarada”, en la que casi todo ciudadano puede ser víctima de asalto, robo, secuestro y muerte, advirtió el sacerdote Flor María Rigoni, director de la Casa del Migrante de Tapachula, Chiapas.

Frente a Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, y Salvador Beltrán del Río, comisionado del Instituto Nacional de de Migración (INM), Rigoni hizo un recuento de lo que desde hace una década denomina “frontera vertical de México, que corre del Suchiate al río Bravo, convertida en un cementerio sin cruces y en guerrilla de caminos de extravíos”.

El sacerdote se refirió a la “hipocresía codificada” de los países expulsores y receptores, y a la forma en que el gobierno ha ignorado a la sociedad civil por escuchar a la empresa privada, que al final es la que abre la válvula de la migración.

Críticas a la sociedad

En particular, habló abiertamente de un hecho que se ha ido hasta el fondo de la migración: la participación de los “chalanes del crimen organizado, bandidos, narcotraficantes y tal vez unos terroristas”, que se mezclan con quienes buscan mejores opciones de sobrevivencia. “El río de la migración está hoy revuelto”, advirtió.

Durante el cierre del tercer Foro Internacional sobre Migración y Paz, realizado en la ciudad de México, Rigoni habló de la corrupción y la violencia en el país, aunque también cuestionó si no es también violencia y criminalidad tirar a la calle, a la pobreza y al desempleo a millones de personas.

“Tenemos que ser sinceros y honestos, porque una cualidad del derecho es la honradez con lo real, como decía (Ignacio) Ellacuría en los años de la guerra civil en El Salvador. Hoy en México casi todo ciudadano puede ser víctima de asalto, robo, secuestro y muerte.

“El mismo migrante mexicano, con las fosas clandestinas de Durango y Tamaulipas, ha mostrado ser blanco de la criminalidad. Afirmo que en unas partes de México estamos en una guerra civil no declarada, y por ello no podemos exigir un trato preferencial por el migrante de paso cuando estamos librando una guerra en un frente que pone a cada uno en una posible línea de fuego.”
Cuando a Rigoni tocó su turno, el bullicio del foro se volvió silencio frente a las palabras de este cura de origen italiano, con 27 años de trabajo en México y misionero en Centroamérica durante las guerras civiles.

La sociedad, apuntó, es hoy “un espectador neutral, casi sentado en las gradas de este nuevo coliseo, mirando a los nuevos gladiadores. La sociedad es igualmente responsable de haber formado desde sus instituciones (religiosas, educativas, públicas, de seguridad) a los criminales”.

Antes, el foro tuvo varias mesas, cruce de análisis de académicos, funcionarios públicos y legisladores de varios países, acerca de la responsabilidad que tiene cada sector ante este fenómeno; de manera especial alertaron del endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos y de las deportaciones colectivas a México.

Gustavo Mohar, secretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dijo frente a Esther Olavarría, consejera del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que en los hechos la recesión económica en el país vecino y el miedo han logrado frenar más migrantes que los 20 mil millones de dólares presupuestados este año para la Patrulla Fronteriza.

Agregó que es urgente alcanzar un diálogo bilateral ante el cúmulo de deportaciones de Estados Unidos de ex convictos, porque al dejarlos sin control en el lado mexicano de la frontera se alimenta la violencia que los gobiernos intentan combatir.

El alto funcionario del Cisen no tuvo oportunidad de escuchar a la consejera Olavarría lamentar que el presidente Barack Obama tiene prácticamente las manos atadas para regularizar migrantes (porque requiere la autorización del Congreso) y que, aunque van a seguir insistiendo, por ahora no hay perspectivas para una reforma integral en ese país, que sólo el año pasado expulsó a casi 400 mil extranjeros, 70 por ciento de ellos mexicanos.

Fuente/Autor: La Jornada de México

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