Noticias

Preocupa a obispos de México y EU la hostilidad contra indocumentados

Decepción por el endurecimiento de controles migratorios

Los muros son parte de la historia que la humanidad no quiere recordar; las naciones han derrumbado los que las dividían, expresan

Las conferencias episcopales de México y Estados Unidos externaron decepción y preocupación por el endurecimiento de los controles migratorios hacia territorio del vecino país, en especial por considerar que la medida, aprobada el 16 de diciembre pasado, incrementará la hostilidad hacia los indocumentados, así como el riesgo de que éstos actúen en la clandestinidad y caigan en manos de bandas de traficantes de personas.

Para los primeros -según la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Movilidad Humana-, la determinación resalta los sentimientos de discriminación y egoísmo en aquellos que enarbolan ”ideas xenofóbicas que fomentan miedo”, mientras los segundos, de acuerdo con el obispo de San Bernardino, California, Gerald Barnes, están preocupados porque la legislación permitirá aplicar sanciones penales a individuos, incluyendo ciudadanos estadunidenses que ayuden a inmigrantes ilegales, lo cual pone en riesgo los programas de la Iglesia católica al respecto.

Actúe ahora

Ante ello, el Episcopado de Estados Unidos encabeza en estos momentos la campaña llamada Actúe ahora, mediante la cual solicita a sus feligreses que en-víen cartas electrónicas a sus representantes populares que condenene el refuerzo fronterizo y la adopción de la ley de inmigración de 2005, por considerarlas ”extremadamente negativas y dañinas” para los indocumentados y sus familias.

En tanto, los obispos de México, en voz del de Ciudad Juárez, Renato Ascencio, lamentaron que el gobierno de Estados Unidos, con la iniciativa Sensebrenner, instrumente medidas radicales que provocan decepción, en lugar de encontrar las ”mejores soluciones” al fenómeno migratorio.

”Lamentamos -afirman los prelados en un documento- que la Cámara de Representantes de Estados Unidos endureciera su corazón, mientras continúan las muertes y sufrimientos a lo largo de la frontera (entre ambos países), donde expresiones de hostilidad y xenofobia hacia los inmigrantes indocumentados es cotidiana y lamentable realidad en estados como California, Texas y Arizona, por citar algunos.”

Problemas tan complejos, insistió el presidente de la Pastoral de la Movilidad Humana, no se resuelven ”con medidas tan radicales como levantar una barda y considerar a nuestros semejantes delincuentes. Los muros son parte de la historia que la humanidad no quiere recordar; las naciones han derrumbado los que las dividían para ejercer plenamente la libertad”.

Y en tanto continúa la comunicación entre obispos mexicanos y estadunidenses para unificar su protesta, como hacen desde tiempo atrás, Ascencio externó en nombre de la Conferencia del Episcopado un llamado a los dos gobiernos para que mediante el ”diálogo fraterno y maduro encuentren la mejor forma de construir acuerdos que unan y no muros que dividan. La Iglesia manifiesta su preocupación al percibir que son otros intereses y no el bien de la humanidad misma los que conducen las decisiones de quienes tienen el deber de velar por el bien de las naciones y los pueblos”.

A su vez, de acuerdo con el obispo de San Bernardino, California -quien dos días antes de que se votara la iniciativa envió una carta a la Cámara de Representantes alertando sobre las ”serias y severas consecuencias” que para los inmigrantes y para Estados Unidos tendría aprobar el proyecto-, en el Episcopado de su país ”están sumamente decepcionados” por la decisión asumida, porque no se buscó hacer frente al problema de manera incluyente.

Como presidente del Comité de Migración del organismo compartió la preocupación del resto de los obispos estadunidenses porque la ley haga de ”la presencia ilegal” en Estados Unidos un crimen; prohíba a los que buscan asilo y refugio político obtener residencia permanente o ciudadanía si cometen ”ofensas relativamente menores”; expanda el programa de ”expulsión inmediata” de los detenidos ilegalmente; haga más difícil para los residentes con más antigüedad en territorio de Estados Unidos obtener la ciudadanía y restringir su posibilidad de impugnar las decisiones del departamento de seguridad nacional al respecto, además de que, con lo establecido en la ley, los miembros del programa social diocesano ”podrían ser objeto de persecución criminal simplemente por hacer su trabajo, cuando la ley federal actual no exige a los grupos humanitarios verificar el estatus legal de un individuo antes de brindarle asistencia”.

Finalmente, de acuerdo con el obispo Barnes, la medida aprobada por los representantes ”solamente va a exacerbar el problema”.

Muralla entre San Diego y Tijuana. Imagen de archivo FOTO Ap

Fuente/Autor: ALMA E. MUÑOZ/Jornada sin fronteras