“La Biblia se vuelve más y más bella en la medida en que uno la comprende.”
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04/24/2020Mundo Misionero Migrante
Migración en tiempo de coronavirus
ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICA
El 20 de abril, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) extendieron una orden del 20 de marzo que fomenta la deportación inmediata de los no ciudadanos que llegan a las fronteras estadounidenses por tierra sin documentación válida. La orden del 20 de marzo se ha extendido hasta al menos el 20 de mayo.
El 15 de abril, la administración Trump declaró que emitirá una regla final temporal que permitirá a los inmigrantes que actualmente se encuentran en los Estados Unidos con visas agrícolas temporales H-2A cambiar de empleador sin obtener la aprobación previa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La regla también permitirá que dichos trabajadores permanezcan en los Estados Unidos por más tiempo que el máximo de tres años permitido según la política anterior. La administración Trump declaró que la regla es “vital para mantener y asegurar la cadena de suministro de alimentos críticos del país.”
La administración Trump recientemente pidió a la Corte Suprema que evalúe la constitucionalidad de sus Protocolos de Protección al Migrante (MPP), también conocida como la política de “Permanecer en México”, que requieren que los solicitantes de asilo permanezcan en México mientras esperan sus audiencias en Estados Unidos. En febrero, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que el MPP viola las obligaciones de los tratados que impiden la “devolución” de los solicitantes de asilo a países donde ellos temen la tortura o la persecución. La administración Trump ha sostenido que estas obligaciones del tratado se refieren a la expulsión permanente de los solicitantes de asilo y no a su colocación temporal en países distintos de sus países de origen.
El 16 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala anunció que suspenderá temporalmente la llegada de vuelos de deportados de los Estados Unidos. Este anuncio se produjo después de que 44 migrantes que llegaron a Guatemala el 13 de abril dieron positivo para COVID-19.
El 15 de abril, la administración Trump emitió un memorando que ordena a Chad Wolf, el secretario interino del DHS, que notifique al Secretario de Estado Mike Pompeo cuando los países se niegan a admitir a personas que Estados Unidos procura deportar. El Departamento de Estado tendrá entonces 10 días para imponer sanciones de visa que dificultará que los nacionales de estos países obtengan visas estadounidenses.
El 13 de abril, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, presentó una moción de parte de tres estados y la Ciudad de Nueva York solicitando que la Corte Suprema levante o modifique temporalmente la suspensión de la regla de “carga pública” de la administración Trump. Esta moción pide a la Corte Suprema que frene la implementación de la regla hasta el final de la pandemia COVID-19. Varias organizaciones sin fines de lucro y de defensa de inmigrantes han presentado una demanda complementaria que respalda la moción.
El 8 de abril, un juez federal en San Francisco ordenó la liberación de cuatro inmigrantes de dos centros de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en California—el Centro de Procesamiento de ICE de Mesa Verde y la Cárcel del Condado de Yuba—debido a que sus condiciones médicas graves los hacen particularmente vulnerable a COVID-19. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California y otros grupos de defensa legal habían presentado una demanda en nombre de los detenidos. Una demanda pendiente en California busca la liberación de otros 13 inmigrantes con condiciones de salud crónicas de las instalaciones de ICE.
El 17 de abril, la Corte Suprema de Pensilvania rechazó una petición para liberar a seis familias inmigrantes del Centro Residencial del Condado de Berks, un centro de detención familiar operado por el condado a través de un contrato con ICE. En vez, el Tribunal declaró que la petición de las familias debería recibir consideración acelerada si se vuelve a presentar en los tribunales inferiores. Las familias habían solicitado la liberación sobre la base de que las condiciones en el centro hacían imposible seguir las recomendaciones federales de higiene y distanciamiento social destinadas a prevenir la propagación del coronavirus. A principios de abril, el Tribunal rechazó una petición para “conceder liberaciones en todo el estado” de detenidos de las cárceles del condado y centros de detención juvenil. En vez, ordenó revisiones de los centros de detención por condado para evaluar su cumplimiento con las pautas COVID-19.
Las organizaciones de defensa de inmigrantes también presentaron una demanda el 15 de abril exigiendo la liberación de tres detenidos “médicamente vulnerables” detenidos en dos instalaciones de ICE en Laredo, Texas y Port Isabel, Texas.
