Mundo Misionero Migrante

La Santa Sede propone ampliar la cobertura de la ONU en materia de refugiados

Hay desplazados internos que quedan fuera del mandato del ACNUR.

GINEBRA, Suiza.

Aunque los instrumentos jurídicos son innegablemente necesarios, según monseñor Silvano M. Tomasi (de los Misioneros de San Carlos ndr) para resolver el problema de los desalojados es necesaria sobre todo una cultura de la solidaridad. Una cultura que lleve a la ONU a ampliar el mandato del organismo que se ocupa de los refugiados para atender a otras categorías de desplazados producidas por nuevos factores.

El observador vaticano ante la sede de la ONU en Ginebra, intervino este martes en la 59 sesión general del Comité Ejecutivo del Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que se celebra del 6 al 10 de octubre en ciudad suiza.

Monseñor Tomasi advirtió que, aunque actualmente los focos de la opinión pública apuntan a la crisis financiera y “a la irresponsabilidad y la avidez de algunos ‘manager’ que la provocaron”, ejerciendo “un grave impacto en los grupos vulnerables de la sociedad” y mostrando “claramente la interconexión y la falta de equidad en el mundo actual”, la comunidad internacional debe afrontar también ulteriores desafíos, como el cambio climático y los conflictos que afligen a algunas regiones del mundo.

Todos estos favores, observó, determinan “una intensificación de los desplazamientos forzados de personas y una mayor incerteza respecto a nuestra habilidad de proporcionarles la protección y la asistencia que necesitan”.

Los desastres naturales y los provocados por el hombre, explicó, exponen de hecho a millones de personas y familias a condiciones de extrema pobreza y de violación de sus derechos fundamentales que hacen imposible su permanencia en los lugares de residencia habitual.

“Mirando al futuro –reconoció–, la condición de las personas desalojadas parece más desolada y ambigua que nunca”, por lo que “hacen falta respuestas políticas, asistencia inmediata y ‘know-how’ técnico”.

La delegación de la Santa Sede, recordó el prelado, “ha participado con gran interés en los debates sobre la protección”, apoyando iniciativas recientes del ACNUR, como las Conclusiones sobre Mujeres y Niñas en Riesgo (2006), sobre los Niños en Riesgo (2007), Diálogo del Comisario sobre Retos de Protección (2007), y Agenda de Protección (2002).

De hecho, ACNUR recibió el mandato de la Asamblea General para ampliar su protección a nuevos grupos: personas sin hogar, retornados y algunos grupos de personas desplazadas en el interior de los países, recordó el observador vaticano.

Con los años, se introdujeron nuevos conceptos para responder a las situaciones de los flujos en masa. Además, acuerdos regionales y otros factores ampliaron la capacidad de respuesta y la protección.

Desde la Convención sobre el Refugiado de 1951 y su Protocolo de 1967, se ha establecido una dinámica comprensión de su significado. A través de instrumentos regionales, los estados han examinado su realidad local y han avanzado hacia un enfoque más completo, adaptando las medidas jurídicas a la evolución del desplazamiento forzado, y a las condiciones geográficas, recordó el prelado.

En este sentido, las nuevas medidas que están sometidas a aprobación en la ONU, apuntan a resolver algunos “problemas de intolerancia y fracaso en respetar los derechos de los solicitantes de asilo”, al mismo tiempo que “animan al matenimiento de importantes leyes de derechos internacionales humanitarios y humanos como necesario punto de referencia”.

El observador vaticano apuntó a la “urgente necesidad de ampliar la reflexión y las medidas estatutarias hasta cubrir todo el abanico de las situaciones cambiantes de la gente desarraigada a la fuerza”.

Los instrumentos relativos a los refugiados actuales son el principio de un ‘continuum’ en cuyo extremo opuesto se pueden situar las convenciones y acuerdos de la ONU a través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para proteger el trabajo de los migrantes y sus familias, recordó monseñor Tomasi.

“Entre estos dos polos se sitúan millones de otras personas forzadas a desarraigarse por la desertificación, el hambre, el cambio climático, la opresión generalizada y las violaciones de sus derechos humanos”, subrayó el observador vaticano.

Muchas estas personas permanecen dentro de las fronteras de su propio país, sin recibir la protección que necesitan. Algunas de ellas entran dentro del mandato de ACNUR pero muchas no entran en la tipología de refugiados o trabajadores migrantes. El prelado subrayó que, solo por ello, la comunidad internacional no puede ignorarlas, “no puede negar la obligación ética de ampliar su protección hacia ellas, por muy difícil que esto pueda resultar”.

Recordó que en un mundo interconectado, todos estamos relacionados por nuestra común humanidad y por la convicción de que “la globalización de la justicia y la solidaridad es la mejor garantía de paz y futuro común”.

A este respecto, el prelado hizo algunas sugerencias, y concluyó afirmando que “el esfuerzo continuado por salvaguardar los derechos humanos de los desplazados forzosos está en línea con una coherente ética de vida, y con una cada vez más completa aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, cuyo 60 aniversario se celebra este año.

Fuente/Autor: Zenit