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Georgia, avanza ley antiinmigrante

SAN DIEGO, USA

Hace un año fue Arizona, hoy es el estado de Georgia el que se encuentra en medio de un agrio debate migratorio, luego de que el pasado 14 de abril la iniciativa HB 87, una estricta ley antiinmigrante que emula en sus partes más duras a la ley SB 1070 de Arizona, fue aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado del estado de Georgia.
Al igual que en Arizona, el gobernador republicano de Georgia, Nathan Deal, ha prometido firmar la ley en cuanto llegue a sus manos. Con ello estará cumpliendo con su promesa de campaña hecha hace un año a sus simpatizantes del Partido del Te que votaron por él de manera abrumadora.
El gobernador tiene hasta el 24 de mayo para firmar o vetar la ley. Si no toma acción alguna, la Constitución de ese estado contempla que se convierta en ley de manera automática.

“Muéstrame tus documentos”

La HB 87, también conocida como la ley “muéstrame tus documentos”, permite la detención inmediata en una prisión federal de toda persona que no pueda mostrar prueba de ciudadanía o residencia legal en el momento de ser detenido por un agente de la policía local o estatal.
Además, requiere que todos los negocios en el estado con 10 o más empleados verifiquen los nombres de los trabajadores de nueva contratación en una base de datos del gobierno federal, conocida como E-Verify.
El problema con esta base de datos es que desde su inicio ha mostrado cientos de errores que han llevado al despido de trabajadores que se encontraban legalmente en el país.
La iniciativa endurece las condenas de prisión y las multas para las personas que sean encontradas en posesión de documentos falsos y de aquellos que transporten o den albergue a personas indocumentadas.
La HB 87 también crea un comité de siete miembros que vigila que las agencias gubernamentales locales y estatales, apliquen las leyes migratorias del estado.
La legislación, cuyo objetivo es hacerle la vida imposible a los indocumentados, en su versión original era mucho más estricta, pero se desecharon algunas cláusulas por ser claramente anticonstitucionales, como la prohibición a los estudiantes indocumentados para recibir educación superior en las principales instituciones universitarias de ese estado.
De igual forma se borró de la versión original el intento de negar a los trabajadores indocumentados cualquier compensación en caso de un accidente laboral y otra que buscaba convertir en un delito mayor sólo para los inmigrantes indocumentados, el manejar bajo la influencia del alcohol.

Cambio demográfico

El ambiente antiinmigrante que se vive en Georgia no es nuevo. En el 2006, la organización “Georgia Latino” inició una campaña para empadronar votantes latinos y fomentar su participación electoral. El 7 de agosto de ese año, recibieron una llamada telefónica que les advertía de no seguir adelante con la campaña. “¿Ustedes están destruyendo nuestro país. Necesitamos sacarlos a todos. Lo que debemos hacer con ustedes es dispararles tan pronto como crucen la frontera, especialmente a las mujeres embarazadas”, dijo la llamada anónima que fue investigada por la policía.
Previamente, la Asociación de Oficiales Electos de Georgia (Galeo) recibió un correo electrónico en el que se leía: “Escuchen bien, vamos a tener una violenta y sangrienta guerra civil porque basura como ustedes están tratando de destruir la herencia blanca y cristiana de América. Están jugando con la muerte. No vamos a tolerar este eclipse racial. No vamos a aceptar más la limpieza étnica que está sufriendo la raza blanca en su propio país. Ya están advertidos”.
De acuerdo con el South Poverty Law Center, en Georgia se localizan al menos 39 organizaciones radicales, entre las que destacan grupos del Ku Kluz Klan, organizaciones neonazis y milicias separatistas blancas que promueven la superioridad de la raza blanca y condenan la presencia latina.
En 10 de febrero del 2010, miembros del American White Knights, un grupo KKK de Georgia, hizo una manifestación en las calles de Atlanta para advertir de la creciente presencia hispana en el estado. Jeff Jones, jefe de esa organización pidió a los habitantes blancos del estado, “detener la inminente invasión latina”, reportó el periódico Atlanta Journal Constitution.
La senadora Renee Unterman, una de las principales promotoras de la ley HB 87, aseguró durante los debates para aprobar la iniciativa que los inmigrantes indocumentados están acabando con los recursos del estado. “Ellos utilizan nuestros servicios de salud, nuestras escuelas, son una carga de seguridad pública”, agregó. “Yo lo único que quiero es proteger a nuestra gente… No me interesa encargarme de los mexicanos”.
La senadora Unterman, es un buen ejemplo de la nueva realidad política demográfica que están empezando a vivir los políticos republicanos y que las organizaciones supremacistas están resintiendo.
Cuando fue electa como alcalde de Loganville, en el condado de Gwinnett, a fines de los ochentas, la población que votó por ella era mayoritariamente blanca. Cuando fue electa para el Senado del estado en el 2002, la población blanca del condado se había reducido al 67% del total. En la actualidad, los blancos son la minoría, mientras que los inmigrantes latinos, asiáticos y afroamericanos, constituyen el 51% de la población.
“El gran crecimiento de la población hispana en el Sur podría significar un mar de cambios políticos en los próximos 20 años, cuando los inmigrantes de naturalicen y sus hijos, ya nacidos en Estados Unidos, puedan votar”, dijo a Apro María Hernández, de la agrupación We Are Georgia.
En la última década la población hispana se duplicó en estados dominados por los republicanos, como Alabama, Arkansas, Kentucky, Mississippi, North Carolina, South Carolina y Tennessee, de acuerdo con un análisis de las cifras del Censo hecho por el PEW Hispanic Center.

Oposición

La oposición contra la HB 87 ha aglutinado a numerosas organizaciones sociales, empresariales y religiosas. El 26 de abril, una coalición de siete Congregaciones Unitarias y Universales de diferentes condados del estado de Georgia, publicaron en los periódicos del estado un comunicado en el que pedían al gobernador Nathan Deal no firmar la HB 87.
“Georgia siempre ha basado sus políticas sociales en el valor de la compasión, pero la House Bill 87, medida que castiga la inmigración indocumentada, manda un mensaje errado de lo que somos. Si una iniciativa como esa se convierte en ley, nos estaremos empequeñeciendo como estado… Jesús nos enseñó que cuando la gente está en necesidad, se le debe hacer un espacio en la mesa, y que siempre habrá suficiente para todos…”, dice el comunicado.
El pasado 11 de abril un documento con más de 23 mil firmar fue entregadas al gobernador Nathan Deal en el que se le pidió que no firme la ley. El vicegobernador Casey Cagle y el líder del Congreso del estado, David Ralston, también le han pedido que no la firme, asegurando que la mayoría de las provisiones de esta ley son una copia de las mismas de la SB1070 que fueron detenidas por una juez federal por considerarlas anticonstitucionales.
Hasta el momento de nada han servido las firmas ni las movilizaciones ni las amenazas de un posible boicot comercial al estado de Georgia.
La Organización Nacional de Jornaleros, que instrumentó y coordinó un boicot en Arizona después de la firma de la SB1070, también envió una carta al gobernador Deal para notificarle sus intenciones de iniciar un boicot nacional contra Georgia, en caso que la legislación HB 87 se convierta en ley.
“Estamos preparados para ponernos en contacto con todas las convenciones, organizaciones, empresas, ciudades, condados y estados que participaron en el boicot de Arizona para informarles de la situación actual de la legislación de Georgia”, dijo a Apro Chris Newman, director de esa organización.
Por su parte, el senador Vicente Fort dijo que él y otros líderes han dado luz verde para convocar a un boicot contra Georgia en caso de que el gobernador se niegue a vetar esta ley.
“Estas leyes tienen efectos devastadores en las familias, estudiantes, trabajadores y comunidades enteras. La gente de buena reputación debe encontrar otros lugares para sus vacaciones y convenciones hasta que este estado regrese en al lado correcto de la historia”, dijo Fort.
“Georgia no es de Arizona y las iniciativas legislativas al estilo de Arizona harían un daño grave para nuestra economía”, dijo en un comunicado de prensa emitido el 18 de abril la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia—GALEO, por sus siglas en inglés.
En un análisis de GALEO, se expone que estas legislaciones ahuyentan la inversión extranjera, y recuerdan que solo en turismo, por ejemplo, Arizona ha perdido 140 millones de dólares en ingresos.
Pero tal vez uno de los sectores más preocupados por la HB 87 es el agrícola, que tiene una participación anual de 68 mil millones de dólares en la economía del estado y da empleo a uno de cada 7 habitantes de ese estado.

No hay quien trabaje

Un artículo publicado el 22 de abril por el Georgia Immigrant & Refuge Rights Coalition (CIRRC), una organización que promueve los derechos humanos de los inmigrantes, refleja la preocupación de los agricultores.
“En Vidalia, Georgia, R.T Stanley empezó a sembrar cebollas en un terreno de cinco acres hace 35 años. Hoy Stanley Farms produce cebollas en una superficie de mil 200 acres. El 100% de sus trabajadores son hispanos”, dice el artículo.
Y agrega:
“Mientras R.T. Stanley observa muy de cerca su producción de cebollas, hace lo mismo con los políticos de Georgia. Está muy preocupado por las ley antiinmigrante similar a la de Arizona que el gobernador está a punto de firmar…
“Me preocupa la escasez de trabajadores”, dice Stanley. “Nos puede sacar del negocio en un año, en un año estamos fuera.
“La ley antiinmigrante preocupa a Stanley porque cree que va a provocar que la mayor parte de su fuerza de trabajo se vaya a otros estados. El Departamento del Trabajo de Georgia calcula que al menos la mitad de los trabajadores agrícolas del sector de la cebolla, son indocumentados.
“Stanley dice que sus trabajadores llegan durante la temporada de cebolla y se van cuando termina. Ellos trabajan muy duro en condiciones sumamente difíciles”.
“Cada año tratamos de contratar gente local para que haga el trabajo, pero no quieren hacerlo”, dice Stanley. “Vienen y nos dicen que no quieren hacer ese trabajo, que prefieren estar desempleados que trabajar en el cultivo de las cebollas. Hay veces que vienen, trabajan dos horas y prefieren irse, así es, sólo los trabajadores migrantes están dispuestos a trabajar, así es y no puedo hacer nada para cambiarlo. Cuando pase la ley, me voy a ir a la ruina”.

Fuente/Autor: Alejandro Maciel