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¿Campeonato mundial?

Insisto en que la nueva Ley de Migración incluye avances a favor de los derechos humanos de los inmigrantes (léase extranjeros) en nuestro país. Pero también reitero que es un producto legislativo inacabado. Más de 30 de sus principales artículos dependen, para su cabal cumplimiento, del reglamento que la propia ley manda que deberá expedirse en los próximos seis meses a partir de su entrada en vigor. La puesta en práctica de la ley depende de la orientación que se le dé a un reglamento que aún no se conoce. Lo que sí ya conocemos es un articulado de la ley que podría orientarse, en su puesta en práctica, hacia direcciones opuestas. El mantenimiento de los “operativos de verificación” y de la participación de la policía judicial federal en actividades del cumplimiento de la ley hacen pensar en una orientación en la dirección preferida por Estados Unidos hacia la “seguridad nacional”, que sugiere la dependencia en medidas coercitivas a cargo de la policía o del Ejército. No hay nada en la nueva ley que obligue al gobierno de México a informar y producir estadísticas con periodicidad y transparencia de los cargos, de los procesos y de las sentencias en contra de los responsables de las violaciones a los derechos humanos que están detrás de cada muerte de los cientos de cadáveres de inmigrantes que se siguen encontrando.

En dirección opuesta a la que va hacia la “seguridad nacional”, están los artículos de la ley que prometen una prioridad más alta al respeto por los derechos humanos de los inmigrantes. Al no conocer todavía la orientación que propiciará el reglamento, en la puesta en práctica de la nueva ley, resultan prematuros, por decir lo menos, los festejos que algunos políticos han hecho de un cambio en las condiciones de vulnerabilidad de los inmigrantes, que aún no se da.

Contando, desde el macabro hallazgo de 72 cadáveres de inmigrantes en San Fernando, Tamaulipas, hasta el caso de altos funcionarios del INM en la prostitución de inmigrantes en la frontera de Chiapas y, se suman los números de los cadáveres de inmigrantes descubiertos en territorio nacional solo en lo que va de este año, encontraríamos que no hay otro país en el mundo donde se cometan más violaciones a los derechos humanos de los migrantes internacionales que en el nuestro. En otras palabras, esa suma hace de México el campeón mundial de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes. En lugar de castigar a quienes han producido tan triste campeonato, se ha premiado a algunos de ellos con virtuales ascensos partidistas, en el mismo partido político del Presidente que se expresó con orgullo de lo que en México se ha logrado al promulgar una nueva Ley de Migración. Es desalentador el bajo número de funcionarios “certificados” en el INM, que debería ser el órgano de gobierno más cumplido con la nueva ley. De un total de funcionarios cercano a 5 mil, solo un 20 por ciento ha cumplido con la nueva ley.

Sigue siendo escandalosa la impunidad con la que se siguen cometiendo los secuestros y torturas para extorsionar a las familias de inmigrantes, de parte de funcionarios de diversas corporaciones policiales y de agentes del INM, como lo ha denunciado recientemente la Cancillería del gobierno de El Salvador y antes, el segundo informe sobre secuestros presentado por el titular de la CNDH. Por la ineficacia y la corrupción del INM que ha dado lugar a las violaciones a las que han hecho referencia los dos últimos informes sobre secuestros de migrantes producidos por la CNDH, me uno a quienes han propuesto la desaparición del INM. Ya en el pasado, propuse la creación una Subsecretaría de la migración que bien pudiera suceder al INM en la instrumentación de una nueva política de migración para nuestro país, basada en el diseño de programas con la participación de la ciudadanía y la medición de resultados con técnicas modernas de cuantificación que permitan dar una cuenta pública objetiva sobre el desempeño de todos los funcionarios encargados del cumplimiento de la Ley de Migración y de la normatividad internacional aceptada por el Senado de la República.

El autor es relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos de los migrantes e investigador distinguido de El Colegio de la Frontera Norte

Fuente/Autor: Jorge A. Bustamante Fernández