Editorial

Revés a los inmigrantes

21 de junio de 2006

La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio un frenazo al proceso de elaboración de una ley doméstica sobre trabajadores indocumentados, al convocar a audiencias en lugar de designar delegados para trabajar en un texto conciliatorio de las divergentes posiciones sobre la materia, entre diputados y senadores.

En diciembre, los diputados aprobaron una iniciativa tan severa que daba rango de criminales a los trabajadores extranjeros sin documentación, en tanto que el 25 de mayo el Senado presentó un proyecto que considera la regularización de la estadía de más de 7 millones de inmigrantes y un programa de trabajadores temporales, que provocó un apresurado regocijo oficial, inclusive la felicitación del presidente Vicente Fox al presidente George W. Bush.

La conciliación de dos proyectos opuestos, uno de severas restricciones y el otro de inspiración liberal, constituía de entrada una tarea colosal, por la necesidad evidente de resolver un magno problema que involucra actividad económica, medidas de seguridad, pasiones políticas y sentimientos xenófobos, pese a que en Estados Unidos todos descienden de inmigrantes.

Ahora, las elecciones parlamentarias de noviembre próximo son un ingrediente más en este tema. La discusión se va a reflejar en los resultados electorales en momentos en los que los republicanos están seriamente desalentados por la invasión a Irak, el déficit presupuestal y la mala marcha de la economía, después de su florecimiento en el gobierno de Bill Clinton.

La consecuencia inmediata es que la negociación de la ley va para largo.

No concluirá este año, por lo menos, en perjuicio directo de los 11 millones de inmigrantes sin documentación, en su mayoría mexicanos, que trabajan en Estados Unidos en condiciones desventajosas, sin la debida protección de ley y en muchos casos con salarios menores a los legales y sin prestaciones sociales.

Las expectativas de una regularización migratoria languidecen, para desánimo de quienes trabajan honestamente, contribuyen a la opulencia estadounidense y están atenidos a que se les conceda un estatus legal que les permita desarrollarse con justicia. Lo lamentamos.

Como es lamentable que el gobierno mexicano no pueda ofrecerles una ayuda concreta en estas circunstancias. En todo caso, éste si debe estar atento a que, mientras las leyes ponen orden en la situación de los trabajadores migratorios, los mexicanos que están en esta condición sean tratados con estricto respeto a sus derechos humanos y a sus libertades.

De momento, con el uso de la Guardia Nacional para apoyar a la Patrulla Fronteriza, el cruce de trabajadores indocumentados ha descendido en 21%, pero por otra parte, las redadas del Departamento de Seguridad Interna, dirigidas a quienes tienen antecedentes penales, se han extendido a trabajadores sin registros delictivos en la policía, por considerar que todo indocumentado es un riesgo para la seguridad de Estados Unidos.

La demora en los ajustes a la ley de migración tiene estas desagradables implicaciones, más graves en la medida en que no se les da la debida importancia.

Fuente/Autor: Editorial de EL UNIVERSAL