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Editorial

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27 de enero de 2020

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Triunfo de los indocumentados

Fuera de Pennsylvania, es poco probable que haya quien reconozca el nombre de Hazleton, un pueblo de unos 30,000 habitantes a 200 kilómetros al oeste de la ciudad de Nueva York

En Estados Unidos tiene cierta fama por una xenofóbica ordenanza que amenazaba con multar a caseros que rentaran viviendas a trabajadores indocumentados y a los patrones que los contrataban.

Su insignificancia, sin embargo, podría cambiar si un importante fallo del juez federal James M. Munley llegara a sentar precedente, y si ese fuera el caso, aguantando la náusea, quizá tendríamos que agradecer la perversidad del alcalde Louis J. Barletta por su colaboración involuntaria a la causa de los inmigrantes.

En su fallo, el juez Munley dictaminó que los gobiernos estatales y locales no pueden usurpar las funciones del gobierno federal sobre quiénes pueden entrar al país y bajo qué condiciones. Más importante aún es que la decisión judicial ratifica el sentido de la Enmienda 14 de la Constitución, según la cual ningún estado podrá negar a persona alguna la protección equitativa de las leyes. Es decir, certifica de manera inequívoca, que un acto de ilegalidad (haber entrado sin documentos al país) no invalida sus derechos.

Hazleton, según las declaraciones de Rudy Espinal, presidente de la Asociación de Empresarios Hispanos de esa localidad, “era un pueblo fantasma, hasta que llegaron los hispanos”. Y no exagera. En el año 2000, la población del viejo pueblo rodeado por minas de carbón, rondaba los 23,000 habitantes hasta que necesitaron la mano de obra barata de unos 10,000 latinos para trabajar en empacadoras, transportación y otras industrias de manufacturas. Y con ellos llegaron empresarios latinos que abrieron nuevos negocios.

En junio de 2006, el alcalde Barletta introdujo la ordenanza al tiempo que demonizaba a los nuevos residentes hispanos acusándolos por la creciente ola de crímenes a pesar de que la Unión Americana de Libertades Civiles demostró que el número de criminales blancos, nativos del pueblo era cinco veces mayor que el número de hispanos acusados de un acto criminal.

No obstante, Barletta llegó al extremo de utilizar el caso de dos indocumentados de República Dominicana acusados de homicidio, sin que hubiera evidencia sólida en su contra, con el perverso propósito de apresurar la aprobación de la ordenanza anti-inmigrante. Afortunadamente para los dominicanos, la fiscalía tuvo que levantar los cargos contra ellos por no contar con testigos confiables aunque ambos permanecen en la cárcel esperando la orden de deportación.

Si Barletta no acepta la propuesta del liderazgo republicano para postularse a la Cámara de Representantes, es probable que apele el fallo de Munley ante la Suprema Corte de Justicia. Además, se estima que en este momento hay un mínimo de 1,200 ordenanzas municipales y por lo menos 1,169 proyectos de ley estatales que de alguna manera afectarían a los indocumentados si es que el fallo de Munley no sienta precedente.

Por lo pronto, hay que aplaudir al poder judicial por tener la lucidez para aplicarles la ley a los verdaderos infractores; Por resaltar la pusilanimidad del Congreso que recién mostró su incapacidad para reformas la inoperante ley de inmigración actual. Al juez Munley hay que agradecerle por devolver su dignidad a los trabajadores indocumentados y por recordarle a la nación entera que la Constitución protege los derechos de las personas independientemente de su situación migratoria en el país.

Lo más alentador, sin embargo, es un reporte del Servicio Nacional de Inmigración, según el cual hasta junio de este año hay 811,810 solicitudes de ciudadanía en trámite, es decir, 67% más que las registradas el mismo mes hace un año. Y si bien es cierto que el motor principal de la apresurada ciudadanización es el alza en las cuotas de $400 a $675 dólares que entró en vigor esta semana, es evidente que tendrá importantes consecuencias políticas.

Sabemos perfectamente que la diversidad que caracteriza a la comunidad hispana en Estados Unidos ha impedido hasta ahora la creación de un cabildeo unificado al estilo del que ha perfeccionado la comunidad judía norteamericana para influenciar la política de Estados Unidos en el Medio Oriente. Pero también es evidente que el tema que unifica a mexicanos con mexico-americanos, salvadoreños, guatemaltecos, panameños, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos y demás latinoamericanos es la inmigración.

Y si de algo pueden estar seguros los políticos anti-inmigrantes es que para noviembre del 2008, en ciertos estados clave de la unión americana pagarán las consecuencias de su infundado resentimiento contra los trabajadores que vienen a este país a realizar el trabajo que nadie más quiere o puede hacer.

Fuente/Autor: Sergio Muñoz Bata/El Universal

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