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Mundo Misionero Migrante

Derechos negados a los emigrantes irregulares

27 de enero de 2020

Estados Unidos de América

En medio de una imponente crisis económica y en plena campaña electoral los Estados Unidos tiene que enfrentar también urgentes problemas de política interna. Un tema particularmente sensible es el de la emigración y la “seguridad nacional” presentes en la agenda de ambos candidatos a la Casa Blanca.

A pesar de las rígidas estrategias puestas en acto por los distintos gobiernos, comenzando por el primero de Clinton, el flujo de ingresos ilegales, provenientes sobre todo de México, no se detiene, provocando un cortocircuito interno en las políticas de emigración. De hecho, el número de emigrantes no disminuye por el simple motivo de que casi todos los que entran de esa manera logran conseguir trabajo, lo que alienta la llegada de nuevos emigrantes.
Por otro lado en la actualidad es casi imposible emigrar legalmente a USA, siendo que paradójicamente la disponibilidad oficial – es decir los pedidos aceptados por la agencia para la emigración USA (ICE, Immigration and Customs Enforcement) que depende del Departamento para la seguridad interna (DHS, Department of Homeland Security) – no reflejan las exigencias reales de fuerza de trabajo del país. Además la situación se ve agravada con las interminables listas de espera en las que se necesita hasta 10 años para lograr una reunión familiar.

La posibilidad de un trabajo es la motivación principal de quien sale de su país buscando un destino mejor. Pero si en el país de llegada no hay leyes adecuadas que permitan manejar el fenómeno de la migración el éxito de la empresa se puede revelar dramático. Las circunstancias de precariedad y de miedo en el que viven los clandestinos los hacen sujetos particularmente vulnerables, víctimas de quién sabe beneficiase con el engaño y la explotación. En los Estados Unidos un emigrante ilegal ofrece su mano de obra en sectores de bajo costo como la construcción, la agricultura, la asistencia a enfermos y ancianos, el trabajo doméstico en familias adineradas, pero sobre todo en muchas fábricas distribuidas en el territorio nacional que suelen contratar clandestinos, incluso en algunos casos menores de edad.

Estas situaciones se dan sobre todo en las zonas de frontera donde la figura del contratista y de traficantes se confunde, son los llamados “contractor”, que reclutan personal para trabajar en fábricas o empresas agrícolas. Los clandestinos son “asumidos” para trabajar con sueldos miserables y en condiciones deshumanas, presionándolos con el costo del viaje que han tenido que pagar para llegar a los Estados Unidos. Para obligarlos a devolver la deuda que han asumido les quitan los documentos hasta que no hayan restituido todo el dinero, lo cual se alarga en el tiempo a causa del bajo sueldo que reciben. Estos emigrantes viven tiempos muy largos en espacios reducidos, apiñados en “colonias” que carecen de todos los servicios, en condiciones de vida indignas, explotados con trabajos de más de 12 horas sin ningún tipo de respeto por las normas mínimas de seguridad o por los derechos fundamentales del hombre.

Sólo una ciega hipocresía sobre las leyes de emigración puede negar la evidencia de tales abusos y violaciones. Y, sin embargo, el 28 de junio del 2007 el proyecto de ley aprobado por el Congreso que preveía una reforma normativa que regulaba la emigración y que hubiera permitido, entre otras cosas, la legalización de doce millones de clandestinos que viven y trabajan en los Estados Unidos no fue aprobada por el Senado y por lo tanto definitivamente rechazada.

La tendencia en el tema de la emigración, como lo evidencia una nota de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos (USCCB), es la de buscar sólo una política de “seguridad nacional”, que aumente los fondos para reforzar las fronteras descuidando el control de las condiciones de trabajo de los emigrantes y sin promover ningún tipo de renovación en el sistema que permitiría, si se quisiera, una emigración legal controlada.

Al mismo tiempo, en los últimos dos años, la agencia gubernamental para la emigración ICE ha autorizado y llevado a cabo operaciones de control en algunas fábricas del país, con la intención de identificar, arrestar y deportar a los trabajadores ilegales.

Como le explicó a la Agencia Fides Kevin Appleby, Director de la Oficina Políticas para la emigración de la Conferencia Episcopal USA, “en todo el país existen fabricas bien conocidas por que utilizan mano de obra clandestina. Sin embargo, las operaciones de control que se han iniciado son sumamente preocupantes pues cuando se deporta a los trabajadores no se tiene en cuenta el impacto en la familia, en los niños y en la comunidad”, y se viola por segunda vez la dignidad de esos hombres y mujeres. Por su parte, los empresarios – por lo general ciudadanos estadounidenses – corren el riesgo terminar presos hasta por veinte años además de pensantes sanciones económicas (hasta 10 mil dólares por cada clandestino contratado), “pero aún no está claro hasta que punto estas penas están siendo aplicadas” agrega Appleby.

El representante de la USCCB citó como ejemplo una de las recientes operaciones autorizadas por el gobierno. El 6 de marzo de 2007 centenares de agentes del ICE, acompañados por perros y escoltados por un helicóptero irrumpieron en una fábrica de pieles en New Bedford, en Massachussets, donde se producían maletines y mochilas, además de otros equipos en cuero, para los soldados americanos en Irak y Afganistán. En la incursión fueron arrestados 360 emigrantes ilegales, entre ellos varias mujeres guatemaltecas y de otras naciones de Centroamérica.

Como se supo por los interrogatorios los obreros trabajaban en condiciones de semi-esclavitud, con restricciones para poder ir al baño, donde no había papel higiénico, para las pausas del trabajo e incluso en la posibilidad de conversar entre ellos. Los agentes los esposaron, los interrogaron y los deportaron en centros de detención en New México y en Texas, sin alguna asistencia legal, ni la mínima consideración por la comunidad a la que pertenecían o por sus familias, incluso en el caso en el que tuvieran hijos nacidos en los Estados Unidos, y que por lo tanto podrían ser considerados ciudadanos americanos.
La Conferencia Episcopal de los Estados Unidos le escribió a los funcionarios del DHS pidiéndole el respeto de los protocolos legales que les garantizan a los niños no ser separados de sus padres para que estos se puedan ocupar de ellos, sobre todo de sus necesidades primarias –como la lactancia–, e invitaron al gobierno a brindarle inmediatamente a cada detenido un abogado. Los obispos han pedido además que las iglesias, los servicios sociales y las escuelas no sean por ningún motivo objeto de estas incursiones.

Pero en la confusión familias y comunidades se han visto separadas. Los niños en algunos casos han sido confiados al cuidado de parientes o incluso de extraños. En contra de lo que afirman los funcionarios del ICE algunas madres que estaban a lactando a sus hijos han sido deportadas, ya sea por un error burocrático o por una banal distracción.

Entre las paradojas de la situación, la fábrica intervenida tenía un contrato con el Departamento de Defensa por un valor de doscientos millones de dólares, motivo por el que el Pentágono tenía una oficina en la fábrica para el control de calidad, con un inspector siempre presente, el cual difícilmente hubiera podido ignorar lo que estaba sucediendo en la empresa y quienes eran los trabajadores.

Fuente/Autor: Agencia Fides

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