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ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICA

El 22 de abril, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que impide que la mayoría de los posibles inmigrantes que residen en el extranjero reciban tarjetas verdes durante 60 días. El gobierno continuará procesando visas no inmigrantes para estudiantes y trabajadores temporales, incluyendo los trabajadores agrícolas. Los trabajadores de la salud, los cónyuges e hijos menores de ciudadanos estadounidenses y los inversores extranjeros están exentos de la orden.

El 23 de abril, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó una decisión de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el 11º Circuito que podría facilitar que las autoridades de inmigración deporten a algunos residentes permanentes legales que han cometido delitos graves. Según las leyes actuales, los residentes permanentes pueden apelar las órdenes de deportación si han vivido en los Estados Unidos durante al menos 7 años continuos. Sin embargo, una regla de 1996, conocida como la “stop-time rule”, bloquea a los residentes permanentes que han cometido delitos graves de apelar sus órdenes de deportación a través de suspender el computo de su período de residencia continua. En el caso de un ciudadano jamaicano condenado por asalto, la Corte Suprema afirmó que la regla se puede activar por delitos que harían inadmisibles a los inmigrantes bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, independientemente de si han vivido o no en el Estados Unidos por 7 años o más.

El 22 de abril, el juez magistrado Jonathan Goodman, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, recomendó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) “reduzca sustancialmente” las poblaciones detenidas en tres centros de detención de Florida: el Centro de Procesamiento de Krome, el Centro de Transición de Broward, y el Centro de Detención del Condado de Glades, a la luz de la pandemia de coronavirus. Según la recomendación de Goodman, aquellos que califican para la liberación estarían sujetos a alternativas a la detención, como la libertad condicional, el monitoreo telefónico y las pulseras de tobillo. Goodman recomendó que ICE presentara informes dos veces por semana a la Corte sobre sus esfuerzos para liberar a los detenidos. También recomendó que un monitor independiente inspeccione los tres centros de detención para investigar si ICE está siguiendo las pautas federales de respuesta ante una pandemia.

El 24 de abril, la Corte Suprema negó una moción de tres estados y la ciudad de Nueva York que intentaba bloquear la implementación de la nueva regla de “carga pública” de la administración Trump hasta el final de la pandemia de coronavirus. A fines de enero, la Corte Suprema dictaminó levantar una orden judicial de un tribunal inferior que había bloqueado la administración Trump de implementar su nueva regla de “carga pública”, dando consentimiento a la implementación de la regla. La regla de “carga pública” facilita que el gobierno niegue la residencia permanente a los inmigrantes que a su juicio podrían recibir ciertos beneficios en el futuro.

El 21 de abril, el Departamento de Educación de EE. UU. emitió una guía de política que prohíbe que los estudiantes indocumentados y los beneficiarios de DACA accedan a un fondo de ayuda de $ 6.28 mil millones que tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a pagar los alimentos, la vivienda y la atención médica durante la pandemia de coronavirus. De acuerdo con las pautas, el fondo, creado a través de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica Coronavirus (CARES), solo está disponible para los ciudadanos estadounidenses y algunos titulares de la tarjeta verde que califican para apoyo federal para estudiantes.

El 23 de abril, John Kane, un juez principal de la corte de distrito de los EE. UU en Colorado, dictaminó que el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) debe otorgar al estado de Colorado millones de dólares en subsidios retenidos por la administración Trump. La administración retuvo la ayuda en forma de una subvención “Byrne JAG” del año fiscal 2018, que apoya a las fuerzas del orden locales, sobre la base de que las autoridades estatales se negaron a cooperar con ICE en los esfuerzos federales para aplicar la ley de inmigración. Kane dictaminó que el Departamento de Justicia carece de autoridad legal para imponer condiciones a las subvenciones de Byrne JAG.