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ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICA

El 30 de marzo, James Boasberg, un juez de distrito en Washington D.C., ordenó que las autoridades de inmigración cumplan con pautas federales para prevenir la transmisión del coronavirus en tres centros de detención familiar en Pensilvania y Texas. El juez también pidió a las autoridades de inmigración que reportan sus esfuerzos para liberar a las familias bajo custodia durante la primera semana de abril. Boasberg pidió a estas instalaciones que verifiquen las temperaturas de los detenidos, que garanticen la disponibilidad de jabón y otros suministros adecuados y que proporcionen espacio suficiente para el distanciamiento social. Emitió estas órdenes en respuesta a una demanda alegando que los tres centros no habían tomado medidas adecuadas para proteger a las familias inmigrantes del coronavirus.

El 30 de marzo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. anunció que deportará a algunos menores no acompañados arrestados en la frontera entre México y Estados Unidos a sus países de origen a la luz de la pandemia de coronavirus. Este anuncio es el último esfuerzo de la administración Trump para reforzar la seguridad fronteriza durante la pandemia. En marzo, la administración suspendió la entrada de la mayoría de los migrantes sin documentación, pero los menores no acompañados estaban inicialmente exentos de este cambio de política.

El 27 de marzo, seis organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios legales a inmigrantes presentaron una demanda contra la administración en un tribunal de distrito de Oregon por haber mantenido abiertos los tribunales de inmigración durante la pandemia. Los demandantes sostienen que la administración ha convertido los tribunales de inmigración en “riesgos para la salud pública” al mantenerlos abiertos y exigir que abogados, jueces e inmigrantes asistan a las audiencias en persona. Varias otras organizaciones sin fines de lucro que trabajan en nombre de inmigrantes presentaron una demanda similar en Washington DC el 30 de marzo.

El 1 de abril, la Corte Suprema de California rechazó una solicitud del gobierno municipal de Huntington Beach para revisar un fallo de enero que limita a las autoridades municipales a impugnar leyes estatales que impiden a la policía estatal y local preguntar a los detenidos su estado migratorio, así como notificar agentes federales cuando se liberan los inmigrantes de la cárcel. Huntington Beach había demandado al gobierno de California, argumentando que las leyes “santuarias” del estado impiden que la policía de Huntington Beach haga cumplir leyes y regulaciones locales.

El Departamento de Seguridad Nacional ha extendido el estado de Salida Forzada Diferida (DED) para ciertos ciudadanos de Liberia hasta el 10 de enero de 2021. Este programa estaba programado para vencer el 30 de marzo de 2020. La extensión hace posible que los liberianos con estado DED soliciten tarjetas verdes en virtud de la Ley de justicia de refugiados liberianos de diciembre de 2019. El programa de Salida Forzada Diferida proporciona un estatus legal temporal y autorización de trabajo a los ciudadanos extranjeros que residen en los Estados Unidos que no pueden ser repatriados de manera segura a sus países de origen debido a desastres naturales o disturbios civiles.