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Menores y bienes abandonados es el saldo de una deportación

21 de mayo de 2007

TIJUANA, Baja California, México.—Hace tres meses vivían en un pacífico vecindario de Spring Valley, en el condado de San Diego. Abel Muñoz trabajaba como técnico electricista para una compañía y su esposa Zulma asistía a profesores en el Distrito Escolar.

Pero la vida les cambió. Fueron deportados.

Ahora aquí, en una conflictiva colonia de esta ciudad donde un malandrín apodado “El Peque” hace de las suyas todos los días bajo la complicidad de la policía, los Muñoz venden menudo y burritos en un tianguis para ganarse la vida.

Entre los dos, “al otro lado” ganaban unos tres mil dólares mensuales. La venta de comida apenas sí les deja 200 dólares al mes.

La casa en la que vivían y que estaban pagando, que es el patrimonio de sus hijos, están a punto de perderla, porque no tienen dinero para las mensualidades.

Sus tres hijos, Leslie, Marcos y Adilene, de 17, 13 y 9 años de edad, son nacidos en Estados Unidos y se quedaron solos. La mayor se hace cargo. Lleva a sus hermanos a la escuela, va a la preparatoria y se encarga de llevar los asuntos de la casa. La joven ha tenido que vender los autos de sus papás y algunos muebles para sobrevivir y no perder la casa.

A Estados Unidos llegaron el 31 de octubre de 1989 luego de que el Hospital Infantil de San Diego les consiguiera un permiso de entrada debido a que su primer hijo, que murió, fue diagnosticado con leucemia. El 22 de febrero de 2007 los echaron.

En los 17 años y cuatro meses que pasaron en Estados Unidos, nunca regresaron a Tijuana, donde él trabajaba como carnicero y ella como secretaria para un supermercado. Su vida la hicieron en San Diego. Su regreso a Tijuana ha sido un cambio radical, ni las monedas reconocieron, un retroceso en sus vidas. Y ahora están en riesgo de perder lo que habían logrado en las casi dos últimas décadas.

“Entramos [a Estados Unidos] por medio de un hijo que nació aquí en México y que estaba enfermo, lo llevamos varias veces a varios hospitales aquí y no le encontraban lo que tenía, entonces una conocida nos dijo que podíamos llevarlo ‘al otro lado’ para que nos dieran otra opinión allá, lo llevaron al Children’s Hospital de San Diego y ahí fue donde le detectaron leucemia, y por medio del hospital nos dieron un permiso para entrar al país”, cuenta don Abel en la casa de su suegra donde se están quedando, en la colonia Lomas del Porvenir, donde el porvenir para ellos es confuso.

“El permiso fue por tres meses, pero desde que llegamos al hospital ya no volvimos a salir”, dice la señora Zulma. “La razón que nos quedamos fue porque yo ya estaba embarazada de mi hija Leslie, mi hija la mayor, y como sabían que mi hijo había estado internado muchos meses en México y nunca le detectaron leucemia, nos aconsejaron que tratáramos de establecernos en San Diego para que me chequearan mi embarazo, no fuera a ser que la bebé estuviera enferma también y fuera a pasar lo mismo”.

La negligencia médica que llevó a la muerte a su hijo destrozó a los Muñoz, se desilusionaron de México.

“Gastamos tanto dinero, que era lo de menos porque lo que nos importaba era la salud de mi hijo, íbamos con los mejores doctores que nos recomendaban, y sólo nos decían que tenía neumonía y que el corazón le estaba creciendo, pero lo que tenía era un tumor en el pecho”, recordó la madre.

Desde 1990 don Abel siempre pagó sus impuestos. Su antigüedad en Estados Unidos los hacía candidatos para obtener la residencia. De hecho obtuvieron permisos de trabajo. Fue entonces que en el año 2003, a través del abogado Murray Hilts, quien les cobró 1,500 dólares de entrada, metieron sus papeles para regularizarse.

“Nos dijo que el caso se tardaría dos años, y fue al segundo año que nos llamaron a corte, en la tercera ocasión que fuimos a corte nos negaron, fue en julio de 2005, apelamos y a los seis meses nos negaron de nuevo, se volvió a apelar y ya fue cuando el 6 de diciembre de 2006 el Noveno Circuito nos negó”, explicó Zulma.

Después el abogado les dijo que eran pocas las probabilidades de que agentes de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) llegaran a su casa por ellos, que primero les tenía que llegar una carta que indicaría la fecha límite para abandonar el país. Pero la carta nunca llegó. Dos meses y medio después, el 22 de febrero a las 7:30 de la noche, los uniformados del ICE irrumpieron en su casa. Para la 1:00 de la mañana del 23 de febrero ya estaban siendo deportados a Tijuana.

Los Muñoz creen que fue un mal asesoramiento legal, por ello tienen la pequeña esperanza de que algún abogado pueda ofrecerles ayuda o asistencia jurídica para regresar al país donde lo tienen todo: sus hijos.

Fuente/Autor: Jorge Morales Almada/La opinión

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