España concluyó un proceso excepcional de regularización de migrantes que podría beneficiar a unas 700 mil personas, la mitad latinoamericana, que el gobierno calificó de “éxito rotundo”. Durante un recorrido que efectuó por varias de las más de 40 oficinas de la seguridad social distribuidas en la región autónoma de Madrid, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, consideró que se podrá llegar a 70 mil solicitudes, lo que supone casi 90 por ciento del total del “empleo sumergido” que había en España. “Ha sido un éxito rotundo por la cifra y el dispositivo, pero también por el consenso y el diálogo”, que permitió lanzar el plan de “normalización” de trabajadores sin papeles, se congratuló, a su vez, la secretaria de Estado para Inmigración, Consuelo Rumí. “Se trata del mayor proceso en Europa en los pasados 40 o 50 años de afloramiento de la economía sumergida”, explicó Caldera, quien el lunes hará un balance del proceso, fruto de un acuerdo con empresarios, sindicatos, asociaciones de inmigrantes y partidos políticos, excepto el opositor Partido Popular (PP).
Plantea UE crear policía fronteriza.
Los Ministros del Interior de Francia, Alemania, España, Italia y Gran Bretaña -que forman el llamado G5- se reunieron en París para coordinar sus políticas sobre la inmigración clandestina y el control de fronteras. Como telón de fondo, la inquietud generada por el reciente proceso de regularización que hubo en España que, según dijeron los Ministros, no se realizó de forma coordinada con las naciones vecinas. Los Ministros aprobaron la creación de una Policía fronteriza europea y la propuesta de una reunión con los cinco países del Magreb (Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez) para incorporarlos a la lucha contra la inmigración clandestina a cambio de ayuda. En la sede del Ministerio del Interior francés, el anfitrión Dominique de Villepin y sus homólogos español, José Antonio Alonso; alemán, Otto Schily; italiano, Giuseppe Pisanu y británico, Charles Clarke acordaron armonizar las reglas sobre inmigración, desde los requisitos que se exigirán para tener derecho a las prestaciones de Seguridad Social hasta los datos que las compañías de transporte podrán pedir a sus pasajeros por motivos de seguridad sin invadir la intimidad. Además acordaron establecer “controles adicionales en las rutas de transporte más usadas por las redes de tráfico de inmigrantes.
Fuente/Autor: AFP y DPA. La Jornada. El Mundo