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Mundo Misionero Migrante

Indocumentados viven infierno en las estaciones del INM

27 de enero de 2020

La organización Sin Fronteras denuncia que, a pesar de los programas de dignificación en los centros de detención de migrantes en México, hay violaciones a los derechos humanos de los extranjeros allí recluidos, por lo que busca apertura a un monitoreo por parte de los ciudadanos

Lunes 18 de diciembre de 2006

Carlos es colombiano y tenía más de tres meses detenido en la estación migratoria de Iztapalapa cuando fue deportado. Las autoridades migratorias lo sacaron del país sin su silla de ruedas, pese a que es parapléjico y no tiene otro medio de locomoción.
El 4 de noviembre pasado, el Instituto Nacional de Migración (INM) decidió regresarlo a Colombia, donde es perseguido político, luego de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) rechazó, de manera verbal, su solicitud de asilo.

Las condiciones en que el INM lo expulsó del país fueron el punto culminante de una serie de violaciones a los derechos humanos de Carlos, que comenzaron al llegar a la estación migratoria, asegura Martha Villarreal, coordinadora de la Clínica Legal de Interés Público (CLIP) del Instituto Autónomo de México (ITAM).

La clínica, integrada por estudiantes del derecho del ITAM otorga asesoría jurídica gratuita a quienes se lo soliciten, y, en el caso de migrantes, trabaja junto con la organización Sin Fronteras, en un proyecto por la apertura de las estaciones migratorias al monitoreo ciudadano.

“De acuerdo con el reporte especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hay más de 60 estaciones migratorias y un número similar de lugares habilitados, es decir, más de 100 centros donde se retiene a migrantes en condiciones que violan sus garantías individuales”, afirma Karina Arias, de Sin Fronteras.

Pese a que hay un programa de dignificación de estaciones migratorias, éste no implica sólo infraestructura, sino calidad en la atención, trato, alimentos, el derecho al debido proceso. Las estaciones tienen que abrirse a la sociedad civil, asegura.

En el caso de Carlos, la violación de su correspondencia, la obstrucción de su derecho al debido proceso y el de acceso a una adecuada defensa, se sumaron al trato discriminatorio que le daba el personal de la estación debido a su discapacidad, explica Martha Villarreal.

“Le servían la comida al último, y fría, con la excusa de que tenían que llevársela a donde se encontraba, por la dificultad que tenía para desplazarse con su silla de ruedas”, detalla.

En los últimos nueve o 10 días de su estancia en la estación, Carlos dependía de otros asegurados para desplazarse, ya que su silla de ruedas se descompuso por el mal manejo del personal de ese centro, según refirió él mismo a integrantes de la clínica.

El tiempo de visita está limitado a 15 minutos, aunque para entrar es necesario esperar de una a dos horas, y los visitantes no pueden ingresar casi ningún tipo de documento, pues todos los escritos son objeto de lectura previa para su autorización.

“En la estación migratoria le robaron su pasaporte, pero cuando le llevamos el escrito de denuncia no nos permitieron ingresarlo porque no habíamos sido designados como sus representantes legales”, precisa.

Para superar el obstáculo, los integrantes de la clínica -estudiantes de derecho del ITAM, coordinados por Villarreal- llevaron a Carlos un escrito donde los nombraba sus representantes legales, para que lo firmara.

Tampoco se permitió el ingreso del documento, lo que constituye una grave violación al derecho de defensa, destaca Villarreal.

Esas violaciones fueron denunciadas en dos quejas que están en trámite ante la CNDH y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Cuando ambos organismos emitan un pronunciamiento, será muy tarde para Carlos.

Violaciones a derechos humanos, una constante: Sin Fronteras

Como Carlos, miles de extranjeros indocumentados viven en México el proceso de deportación -que llega a prolongarse varios meses- sin asesoría legal, sin que les respeten el derecho a la defensa ni a la protección consular, denuncia Karina Arias, coordinadora de Vinculación y Promoción de Sin Fronteras.

Señala que México tiene pendientes de cumplimiento desde 2002 recomendaciones sobre este tema, emitidas por los relatores para los derechos humanos de los migrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONU.

Además, sólo entre junio y septiembre de este año, la CNDH emitió cinco recomendaciones al INM por las violaciones a las garantías individuales de los migrantes en las estaciones migratorias.

“Es un gran reto para esta administración el cumplimiento de esas recomendaciones. Las de la OEA se emitieron en 2002. Han pasado cuatro años en los que en lugar de haber avances tenemos estas recomendaciones de la CNDH”, indica.

Según cifras del INM, entre enero y octubre de este año fueron asegurados 167 mil 437 indocumentados y, en el mismo periodo, 163 mil 27 fueron devueltos a su país de origen.

El mayor número de asegurados, 76 mil 168, que representa 45.5%, son guatemaltecos. En segundo lugar los hondureños, con 54 mil 110 (32.6%). De los deportados, 75 mil 733 son guatemaltecos (46.5%) y 54 mil 900, hondureños (33.7%).

Fuente/Autor: MARÍA DE LA LUZ GONZÁLEZ/El Universal

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