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Mundo Misionero Migrante

Guerra sin cuartel a los indocumentados

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En Maricopa, Arizona, las autoridades se dedican a perseguir sin misericordia a todo aquel que no tiene residencia legal.

MARICOPA, Arizona.

La semana pasada Héctor fue uno de los 500 inmigrantes que llegan diariamente deportados a Nogales, Sonora. Había permanecido un mes en la cárcel de Durango, en el condado de Maricopa, sólo porque no presentó su licencia de conducir cuando un policía lo detuvo. Su “delito”: el parabrisas de su auto tenía una quebradura.

Héctor fue uno de los últimos deportados de una oleada de arrestos que han realizado últimamente las autoridades migratorias, el Sheriff, la policía local y la Patrulla Fronteriza. Todo, en nombre de la seguridad y de la lucha contra la violencia en su comunidad.

Según Alonso Peña, jefe del ICE en Arizona, estos datos son conservadores, pues la cifras reales son mayores.

Mientras tanto, Joe Arpaio, sheriff de Maricopa, el condado más grande de Arizona, no puede disimular su orgullo al anunciar que gracias a la Ley Anticoyote —escrita para castigar en forma severa a los traficantes de personas—, ya ha detenido a 647 inmigrantes en los últimos 14 meses. Actualmente están a la espera de un juicio.

Del total de detenidos, sólo 80 personas traficaban con personas, el resto eran las presuntas víctimas que viajaban con ellos. Según el Sheriff, han sido acusados de conspiradores de tráfico, “porque ellos le pagaron a los traficantes para cometer su crimen”.

Pero esas no son las únicas medidas contra los inmigrantes indocumentados. Gracias a las nuevas leyes que han implementado los legisladores y el gobernador con el aval de los votantes en las urnas, estas personas no podrán salir bajo fianza. Tampoco podrán recibir la visita de sus familiares porque, si estos no tienen documentos, también podrían terminar en la cárcel.

Arpaio subraya que diariamente salen de sus cárceles unas 20 personas con destino a las oficinas de ICE. Aquí son procesadas y deportadas a su país de origen, que casi siempre es México.

Generalmente son individuos que fueron detenidos por manejar sin licencia, cometer una violación de tránsito o por un delito menor. Después de permanecer encarcelados de uno a seis meses son deportados.

Todos estos individuos ya fueron fichados por las autoridades como criminales y si regresan y vuelven a ser detenidos, ya sea por Inmigración o por el Sheriff, serían acusados de un delito mayor que les podría costar hasta seis años a la sombra.

“Lo que estamos buscando es que poco a poco la gente regrese a México, no sólo los que van cruzando, sino los que ya llevan años viviendo en el país”, dijo Arpaio.

El sheriff ha dicho públicamente que su intención es deportar a todas las personas sin documentos y para ello ha puesto anuncios en las autopistas con un teléfono para que la gente reporte a las personas que sospechen son indocumentadas. Sin embargo, autoridades del estado han dicho que si el Sheriff viola los derechos humanos o utiliza el perfil racial para realizar arrestos le pondrán un alto.

Mientras tanto, los registros de las cárceles del condado cada vez se llenan con más nombres latinos. De acuerdo con Paul Chagolla, vocero del Sheriff, hasta el 31 de julio, de los más de 10 mil presos que había en las ocho cárceles del condado, cerca del 50% era de origen latino. En total la población de esta etnia constituye el 30% del total en Maricopa.

Uno de los presos era el esposo de la señora Aceves, quien fue detenido porque su auto tenía una quebradura en el parabrisas. Fue encarcelado un mes y luego deportado. Ella ya no lo pudo ver porque tampoco tiene documentos.

“Antes veía uno a la policía y se sentía seguro, ahora los mira y lo único que provocan es miedo y nerviosismo. Ya no se puede salir a la calle por temor a que lo vayan a detener o alguien simplemente lo reporte a las autoridades porque crea que es indocumentado”, expresó la señora, quien posiblemente regrese a su natal Guadalajara para estar con su esposo y con sus tres hijos.

Debido al gran número de detenciones y medidas de las autoridades, los activistas latinos ya han declarado la ciudad en estado de emergencia, han convocado marchas y hasta le piden a la comunidad que ahorre para que esté preparada por cualquier cosa.

“El condado de Maricopa se ha convertido en el frente de batalla de los hispanos en Estados Unidos. Estamos en la trinchera más caliente de la lucha contra el inmigrante. Es demasiado doloroso, y te lo digo con lágrimas en mis ojos, escuchar las llamadas diarias de 20 ó 30 familias que son víctimas de las vejaciones, no sólo por parte del Sheriff y los policías, sino del personal del Departamento Estatal de Transporte y del Departamento de Servicios del condado, de hospitales y hasta de supermercados, por el simple hecho de pensar que toda nuestra comunidad es ilegal”, expresó Elías Bermúdez, un activista pro inmigrante.

Magdalena Schwartz, de Latino Community Services comparó la situación del inmigrante en Arizona con la que vivieron los afroamericanos a mediados del siglo pasado.

“La situación es caótica. Se vive un ambiente antiinmigrante y de racismo y, al mismo tiempo, de miedo de las familias. Hay poca misericordia de nuestros hermanos blancos. Lo que vemos es el mismo tipo de persecución que vivieron los negros en los tiempos de Martín Luther King. Lo único que falta es que nos quemen nuestras casas y nos linchen”, expresó la activista.

A pesar del grito desesperado de los grupos pro inmigrantes, en el Consulado de México en Phoenix no creen que el asunto sea tan grave. El cónsul general Carlos Flores asegura que no cree que la mayoría de las cárceles esté llena de latinos y da a entender que si las personas están detenidas fue porque dieron motivo.

Su visión parece diferir sustancialmente de quienes claman por un mejor trato a los inmigrantes indocumentados.

Al preguntarle si considera que Maricopa se encuentra en estado de emergencia para los inmigrantes, el cónsul señaló: “Vamos a contestar esa pregunta de esta manera: el clima que se vive en Arizona es el más hostil de todo el país”.

Pero luego de varios minutos de explicación sobre el ambiente contra los indocumentados en el estado, no consideró que lo que pasa en Maricopa sea motivo de escándalo o emergencia para la comunidad que representa.

Muchos de los activistas y familiares de los indocumentados detenidos han indicado que prefieren ya no llamar al consulado, porque ni los apoyan, ni contestan los teléfonos.

El cónsul Flores subrayó que siempre a sus connacionales detenidos se les proporciona información y ayuda legal, además de tarjetas para que llamen a sus familiares y un depósito de 50 dólares en una cuenta del comisario para que compren lo necesario.

Las detenciones, lejos de disminuir, aumentarán en los siguientes meses. Alonso Peña, el jefe del ICE en Arizona, indicó que por lo menos tienen 13 solicitudes de agencias del orden en todo el estado que están pidiendo sus servicios.

Actualmente, entre las ciudades y condados más importantes con los que trabaja el ICE están la ciudad de Phoenix, capital y motor económico del estado, la ciudad de Mesa, Tucson y el condado de Maricopa, que alberga a más de la mitad de la población de los cerca de 6.5 millones que tiene el estado.

Para complementar el drama que han vivido miles de familias en Arizona, representantes del gobierno del estado el mes pasado y del gobierno federal la semana del 13 al 17 de agosto anunciaron nuevas medidas contra los inmigrantes.

El 2 de julio la gobernadora del estado Janet Napolitano firmó la Iniciativa HB-2779 que obliga a los empleadores, a partir del 1 de enero de 2008, a comprobar la estadía legal de sus trabajadores, de lo contrario serán sancionados.

Y en un segundo frente, el gobierno federal anunció que, a partir de septiembre, aumentará las sanciones contra los dueños de negocios que contraten personal que no tenga residencia legal en este país.

Esta última medida ha terminado con el sueño de miles de inmigrantes que esperaban que una corte o una demanda detuviera las iniciativas contra ellos.

En su discurso, la gobernadora —quien luchó por una reforma migratoria—, indicó que firmó la medida para sancionar a los dueños de negocios porque le pareció injusto que sólo los trabajadores indocumentados fueran castigados, cuando es la necesidad de mano de obra barata lo que los atrae.

Desafortunadamente, la medida HB2779, en su intento por castigar a los empresarios, también afectará a los indocumentados porque cada vez será más difícil conseguir un empleo sin papeles.

En la Foto – De acuerdo con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), desde enero de 2007 hasta mayo del mismo año, 1,895 indocumentados han sido detenidos. De ellos, sólo 40 eran criminales.

Fuente/Autor: Agustín Durán Enviado especial/La Opinión