Mundo Misionero Migrante

Arizona va contra los “soñadores”

No concederá beneficios a quienes logren acción diferida

WASHINGTON.— La polémica gobernadora de Arizona, Jane Brewer, decidió interponerse en el camino de la administración Obama para ofrecer un respiro a casi 2 millones de hijos de indocumentados, que podrán beneficiarse del Programa de Acción Diferida para permanecer en el país y matricularse en sus escuelas o conseguir un permiso de trabajo hasta por dos años.

Nada más ponerse en marcha el miércoles la campaña de registro, a la que acudieron decenas de miles de jóvenes indocumentados en todo el país, la gobernadora de Arizona emitió una orden ejecutiva para denegar cualquier tipo de beneficio, particularmente la obtención de cédulas de identidad o licencias para manejar, a quienes se acojan al programa en su estado.

En Estados Unidos, los no ciudadanos requieren de una visa de inmigrante no residente o de un permiso de trabajo vigente para poder solicitar una licencia de conducir.

“Por la autoridad que me confiere la Constitución y las leyes de Arizona declaro que los permisos de trabajo (concedidos bajo el Programa de Acción Diferida) no los hace objeto de beneficios públicos”, asegura Brewer en la orden ejecutiva.

El rechazo de Brewer se ha convertido en un nuevo desafío a la administración Obama en el contencioso que mantiene por la aplicación de la polémica ley SB1070, que ha sido validada parcialmente por la Suprema Corte para permitir a la policía de Arizona detener y solicitar papeles a quienes consideren “sospechosos” de estar ilegalmente en el país.

El vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, señaló ayer que estaban estudiando la postura del gobierno de Arizona, al tiempo que reiteró el llamado del gobierno a que el Congreso apruebe la llamada Dream Act para dar solución permanente a los jóvenes soñadores.

Grupos defensores de la comunidad inmigrante adelantaron, a su vez, que el gobierno de Arizona podría enfrentar una batería de demandas por negarse a cumplir no sólo con una orden ejecutiva, sino con ordenanzas estatales que ya contemplaban cierto tipo de beneficios a quienes fueran incluídos dentro del programas de acción diferida, esquema que ya existía antes de la orden ejecutiva firmada por Obama para beneficiar a un sector muy específico de indocumentados.

“La administración Obama, Bush o Romney no tienen autoridad para legislar. No están autorizados para decidir el tipo de leyes a aplicar o no. Eso es lo que hacen los reyes o los déspotas”, aseguró William Gheen, presidente de la organización Americans for Legal Immigration ALIPAC.

Precisamente, ALIPAC resolvió ponerse al frente de una campaña a nivel nacional para pedir a las agencias federales no obedecer las órdenes “anticonstitucionales” emitidas por el presidente Obama para “institucionalizar una amnistía masiva” de “extranjeros ilegales” que llegaron antes de los 30 años a EU. Esta campaña contrastaba ayer con la acción conjunta de una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad migrante, entre ellas el Colegio de Abogados de Estados Unidos, que han emprendido una ambiciosa campaña para ayudar a los miles de jóvenes que desean inscribirse dentro del programa de acción diferida.

Fuente/Autor: J. Jaime Hernández / Corresponsal | El Universal