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Mundo Misionero Migrante

A la cárcel por dar un vaso de agua

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EL AHORCADO, Querétaro, México.— Cuando Guadalupe Rojas y su esposo vieron entrar en su negocio de papelería a cinco muchachos, supieron que eran migrantes: tenían la cara sucia y estaban cansados —como todos los indocumentados que se bajan del tren en este pueblo que se encuentra a 250 kilómetros al norte de la Ciudad México— pero, lo más grave era que ¡andaban desnudos en invierno!

Eran hondureños asaltados en la zona de “Lechería”, en el Distrito Federal, en donde se habían bajado para dormir entre los matorrales aledaños a la vía del tren el 24 de diciembre pasado. Las dos mujeres —de 18 y 19 años— fueron violadas y los hombres golpeados. Por la madrugada nuevamente se colgaron de los vagones del tren que los llevaría hasta Estados Unidos, sin ropa.

La siguiente parada la hicieron en El Ahorcado, un pueblo de apenas dos mil habitantes, cuya ubicación geográfica lo ha hecho un punto de desembarque obligatorio: es el cruce de dos rutas fronterizas, una va a Ciudad Juárez, Chihuahua, y otra, a Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Por tal razón, los habitantes de este lugar ven caminar diariamente por sus calles a alrededor de 30 ó 40 indocumentados, principalmente hondureños, guatemaltecos y salvadoreños. “Nos da lástima verlos deambular, pedir agua, comida”, dice Guadalupe, quien finalmente les dio ropa, zapatos, asilo y una sopa caliente a los encuerados, “no los vamos a abandonar aunque nos acusen de traficantes”.

Hace dos años, Concepción Moreno, una vecina de Guadalupe, fue llevada a prisión porque ella y sus vecinos acostumbraban dar alimentos a los migrantes. Fue detenida por policías del estado cuando un grupo de ocho guatemaltecos esperaban en el portón de su casa de cartón y madera por un plato de frijoles que la mujer de 44 años preparaba.

Los agentes llegaron en una camioneta, sometieron a los migrantes y los metieron, en cuclillas, al interior de la vivienda, en donde los golpearon, después se los llevaron a la estación migratoria de Querétaro para deportarlos. Concepción fue sentenciada a seis años de cárcel por el delito de tráfico de indocumentados.

Carolina Moreno, nuera de Concepción, quien presenció los hechos, reconoce que “ayudaban con comida” y a cambio recibían uno o dos dólares como propina. En realidad llegaban a esa casa porque está a unos cien metros de la vía del tren y no tiene barda que impida el paso, “simplemente se acercan y piden ayuda y no los vamos a dejar morir, algunos están mutilados o heridos porque se caen del tren”.

Antes de ser arrestada, Concepción vio a un hombre que caminaba dando tumbos en dirección a su casa hasta que se desplomó. Corrió para ayudarlo y al llegar junto a él descubrió que la pierna izquierda estaba sangrando y a punto de desprenderse. Lo arrastró hasta la calle y pidió ayuda para llevarlo al hospital, en donde lo curaron aunque finalmente perdió parte de la extremidad.

“Es una injusticia lo que le hicieron a mi suegra”, dice Carolina entre sollozos mientras señala con la mano la casa de Concepción, un espacio de cuatro cuartos pequeños, sin pintar, con piso de tierra y fosa séptica en donde viven además tres de sus hijos con sus esposas y siete nietos. “Si fuera pollera tendríamos más dinero, ahora no podemos ni pagar un abogado”.

De acuerdo con versiones de testigos, fueron los policías quienes, a base de intimidaciones y torturas, obligaron a los indocumentados a declarar en contra de Concepción para no ser deportados. Todo porque en 2005 diversos organismos denunciaron que personal de migración de la zona era sobornado por traficantes de indocumentados

“Agarraron a doña Concepción para callar sospechas”, dice Maribel González, dueña de una tienda de abarrotes cercana a las vías del tren, “nunca hacían redadas y por ese tiempo empezaron a venir todos los días. Entonces era peor porque las patrullas y el Ejército les quitaban todo el dinero y ellos no los pueden denunciar porque son indocumentados”.

Con esa suerte, hace tres años llegó al negocio de Maribel, un hondureño de 23 años quien dijo llamarse José Luis “El Chico”. “Deme trabajo, no tengo plata: me la quitaron los soldados, pero soy albañil y puedo trabajar en lo que sea”, le imploró y se quedó con la familia de Maribel durante tres meses, luego, volvió a montarse al tren rumbo a Nueva York.

Tres semanas después sonó el teléfono de larga distancia internacional. Era José Luis: “Todo bien. Trabajo en una constructora”. Desde entonces la llamada se repite mensualmente, en la última anunció su boda: “ojalá pudieran venir”.

Los habitantes de El Ahorcado coinciden en que la mayoría de los indocumentados que pasan por el pueblo son “gente de bien”. A excepción de algunos que se emborrachan en las calles, la mayoría de ellos son “respetuosos y trabajadores”.

Algunos ganaderos y agricultores los contratan por 10 dólares diarios. Este sector carece de mano de obra porque la industria local —una de las más grandes del país, con 18 parques—, la acapara. Jesús Carrillo, dueño de una empresa de control de plagas, cree que podría hacerse algún tipo de convenio con Honduras, Salvador y Guatemala para contratos temporales.

“El año pasado llegaron 16 muchachos de unos 20 años y me pidieron asilo. Les dije que se podían quedar en la bodega por unos días, mientras descansaban, pero se quedaron seis meses ayudándome en algunas tareas del campo, con mis siembras de nopal. Pero finalmente tuvieron que irse porque yo no podía tener por tanto tiempo a trabajadores ilegales”, recuerda Carrillo.

Pero hay otros que echan raíces. Alexander, un hondureño de 28 años se enamoró de Noemí Rauda, una muchacha del pueblo a la que conoció mientras trabajaba en un almacén de alimentos de la paraestatal Conasupo. Esperaba irse a Los Ángeles, pero le fue mejor en México: se casó, tiene una niña de cuatro años y trabaja para una de las constructoras más grandes de Querétaro.

Fuente/Autor: Gardenia Mendoza Aguilar/La Opinión

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