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Temas

Los excluidos de la reforma migratoria

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Más de 2 millones de jornaleros de la construcción y trabajadoras del hogar en Estados Unidos están en riesgo de no ser legalizados por falta de documentación laboral probatoria. Tampoco cuentan con recursos para solventar los trámites necesarios en caso de una amnistía

HOUSTON, Texas.— Un amanecer gélido, nublado, sorprende a Houston. Al noroeste de la ciudad, en las esquinas de Tanner y Gessner, ventiscas heladas embisten a medio centenar de jornaleros de la construcción apostados en el exterior de las gasolineras y comercios. Buscan trabajo.

Los hombres van mal arropados. Aquél que sólo se cubre con una camisa de algodón tiembla de frío. Todos son indocumentados. Tuvieron que cruzar el río o el desierto, llegaron de México, Guatemala, El Salvador, y se ofrecen como albañiles, pintores, carpinteros, jardineros.

Contratistas en camionetas pasan por ellos, buscan en esa esquina mano de obra barata y sin derechos laborales.

Un muchacho de suéter gris venido de Comonfort, Guanajuato, de nombre Juan González, torea el clima al beber café en un vaso desechable.

Ayer no encontró trabajo. ¿Hoy?, quién sabe.

Si lo contratan le pagarán de 8.50 a 9 dólares la hora y su jornada laboral será un albur: “Hay casos que a unos no les pagan, no les dan de comer, no les dan agua; les gritan”.

Pero un albur mayor enfrentará cuando llegado el momento quiera legalizar su estadía: no tiene comprobantes de antigüedad e historial laboral, no paga impuestos —requisitos enlistados en la propuesta de reforma migratoria a discusión en el congreso estadounidense—, y su bajo salario le impediría cubrir lo que se vislumbra como un proceso legal largo y costoso.

Su condición la comparten 400 mil trabajadores de la construcción indocumentados en Texas, y más de un millón en Estados Unidos, de acuerdo con la organización Build a Better Nation.

Y no es única. Laura Pérez-Boston, directora ejecutiva del Centro Laboral Fe y Justicia, dice que a este grupo se suma un estimado de 1 millón 300 mil trabajadoras del hogar (de la limpieza, niñeras, así como cuidadoras de ancianos) en el país.

“No sabemos cómo va a ser la ley definitiva, pero sí sabemos que estos trabajadores informales no van a tener la documentación laboral exigida”, expresa con preocupación.

Trabajadores sin derechos

Una decena de mujeres se reune en casa de Martha García, líder de La Colmena, grupo integrado por trabajadoras del hogar de México y de Guatemala en defensa de sus derechos.

García es pequeña y de ojos chispeantes. En 1986 era maestra escolar en Monterrey, migró y aquí es niñera indocumentada. En una ocasión una olla express le explotó en el pecho y sus patrones se negaron a llevarla al hospital y la encerraron en la cocina.

En otra, su patrona “la prestaba” a una amiga los fines de semana para que le planchara de 8 a 10 docenas de prendas, le hiciera cuatro kilos de tortillas de harina y lavara sus baños sin goce de sueldo. “He sufrido”, dice.

Pérez-Boston asegura que para las trabajadoras del hogar la reforma migratoria no sólo legalizaría su estatus sino protegería sus derechos humanos, porque como ellas laboran en espacios privados, en condiciones de aislamiento, son víctimas de trata y esclavitud laboral, agresiones, racismo verbal y acoso sexual.

Un caso extremo sucede cuando ellas migran a Estados Unidos con visa de trabajador huésped, tramitada por su patrón, lo que las ata a éste. Es común que les quiten la visa y las maltraten bajo amenazas de deportación. “Hay mucho abuso extremo, trata laboral, trata de blancas, por el poder que tiene ese patrón sobre su empleada”, explica.

La iniciativa de ley citada permitiría en, su opinión, que quienes inmigran con visa de trabajador huésped cambiaran de patrón si así lo desean.

Pobreza excluyente

Pérez-Boston considera, sin embargo, que la gran mayoría de las trabajadoras latinas son indocumentadas, y que al igual que los jornaleros de la construcción, por sus bajos ingresos y la crisis económica no estarían en condiciones de solventar abogados migratorios, trámites con costo y los impuestos de tres años previos, como ahora lo exige la propuesta de ley.

Además, sus jornadas también les impiden contar con tiempo y dinero para costearse clases de inglés, otro de los requisitos previstos para una posible ciudadanización.

Dice que esta población de igual forma padece robo de salario: trabaja horas extras sin paga, la obligan a hacer más trabajo en menos tiempo, no tiene cobertura por accidentes laborales o no se le liquida en caso de despido.

La dimensión del robo de salario es inimaginable, pues tan sólo su organización, que cuenta con media docena de activistas, en Houston “ha recuperado arriba de 800 mil dólares de salarios caídos en seis años y 89 mil dólares en lo que va de 2013, y eso es sólo una insignificancia”. Propone: “La reforma tiene que crear un fondo para que esas personas puedan acceder a su legalización”.

Piensa que además hay otro factor preocupante: los 10 años planteados por la iniciativa de ley para lograr la residencia y los 13 años para obtener una posible ciudadanía.

“En una década, ¿qué tanto puede cambiar la vida de uno? La gente no puede esperar tanto”, dice.

Gastos incontables

Sylvia González migró hace 16 años de Tamaulipas. Es madre soltera con tres niños, cuidadora de ancianos, pero está en el desempleo. En su caso, ella puede probar dónde ha trabajado, paga sus impuestos, pero desde ahora sabe que no podrá cubrir el proceso de una legalización.

Hace cuentas: “Pago 550 dólares de renta, de luz 150, del agua 80, gas 43, aparte el teléfono, es un gasto cada mes como de 1000 dólares”, a los que debe agregar los gastos de escuela, alimentación, vestido, salud, transportación.

“No reconocen nuestro trabajo. Si nosotras no estuviéramos aquí cuidándoles a sus seres queridos, a sus niños o haciéndoles su limpieza, ellos tendrían que dejar de ser maestros, doctores, ingenieros, congresistas para hacer nuestro trabajo”.

Y el trabajo de los jornaleros de la construcción. También el de los jornaleros agrícolas, el de las afanadoras de oficina, el de los ayudantes de restaurante, entre otros, entre los cuáles de igual modo hay una población numerosa de trabajadores que estará en riesgo de quedar excluida de la legalización.

Fuente/Autor: Laura Castellanos / Enviada | El Universal